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Comunicado de prensa No. 17-19

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Finalizando la tarde del sábado 04 de mayo un grupo significativo y representativo de líderes y defensores de derechos humanos sufrió un grave atentado en la vereda Lomitas del municipio de Santander de Quilichao.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, condenó a los pocos minutos después de haber acontecido el atentado e instó a las autoridades estatales a brindar todas las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en el norte del departamento del Cauca. Asimismo, realiza acompañamiento a las víctimas desde la noche del sábado 04 de mayo para gestionar la atención de sus casos.

Este lamentable hecho, que provocó lesiones a dos miembros de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sucede en el contexto de las reiteradas advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo desde el mes de marzo del año 2017 donde se ha descrito el riesgo al cual se encuentran expuestos líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De la misma manera, esta acción consuma el riesgo que se encuentra registrado en cuatro documentos de advertencia (ATI 001-18;  AT035-18; AT 050-18 y la AT 067-18) que tiene hoy el departamento del Cauca y sobre los que el pasado 26 de abril la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) por el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN).

La Defensoría del Pueblo resalta el rol desempeñado por los agentes de protección de la UNP quienes intervinieron para evitar que la vida e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos protegidos resultaran afectadas.

Sin embargo, ante esta neurálgica situación que padece el norte del Cauca, se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio. Por lo anterior, es importante incluir medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario que impacten en la protección.

El Defensor del Pueblo insta a las autoridades estatales, especialmente al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, a adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, especialmente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció este atentado y dar con sus responsables. 

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