Defensor del Pueblo instaló en Bogotá el seminario internacional “Tres décadas del Convenio N° 169 de la OIT: avances y dificultades”

Defensoría del Pueblo: Seminario “Tres décadas del Convenio N° 169 de la OIT: avances y dificultades” realizado en la Universidad Externado de Bogotá.
Seminario “Tres décadas del Convenio N° 169 de la OIT: avances y dificultades” realizado en la Universidad Externado de Bogotá.

Al cumplirse 30 años de la adopción del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Defensoría del Pueblo organizó el seminario: “Tres décadas del Convenio N° 169 de la OIT – Avances y dificultades en el marco de la autodeterminación de los grupos étnicos en los países de la región panamazónica”.

Durante el foro, realizado en la Universidad Externado de Bogotá, organizaciones indígenas, miembros de la academia, instituciones y representantes internacionales, reflexionaron acerca de los avances y desafíos que tienen los países de la región panamazónica en la implementación del mencionado Convenio en los próximos diez años.

"Este Convenio es un instrumento para la protección de los DD. HH. de los pueblos indígenas, afrocolombianos y Rom en Colombia, en materia de tierras, participación, desarrollo, salud y educación, sobre el cual se han generado grandes desafíos", dijo el Defensor del Pueblo y Presidente del Ganhri, Carlos Negret, al instalar el evento.

El Convenio N° 169, adoptado en 1989, es un instrumento jurídico, con carácter vinculante para aquellos países que lo ratifican, para promover el respeto por la culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales. Ha sido ratificado por 23 países, de los cuales 14 son de América Latina y 1 del Caribe.

Colombia suscribió el Convenio en 1989 y fue ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 21 de 1991. Desde entonces, la reglamentación e implementación ha suscitado un reto mayor para los distintos gobiernos y organizaciones indígenas, conllevando a marcos normativos y políticas públicas diferenciadas, así como a una robusta línea jurisprudencial por parte de los Tribunales Constitucionales.