“La movilidad humana y las instituciones nacionales de derechos humanos, migración y desplazamiento forzado”

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SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA

 “La movilidad humana y las instituciones nacionales de derechos humanos, migración y desplazamiento forzado”. Medellín, 19 y 20 noviembre  de 2019

En las últimas décadas, los Estados contemporáneos han desarrollado mecanismos y medidas vinculadas a regular y gestionar las dinámicas migratorias para controlar el ingreso y egreso de extranjeros a sus jurisdicciones territoriales y al mismo tiempo el de sus nacionales, pero hace algunas décadas éstas regulaciones se han alineado con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual reconoce el derecho a todas las personas a salir de su territorio nacional, y con el Derecho Internacional de las personas Refugiadas, mediante el cual se reconoce el derecho a recibir protección internacional y a no ser devuelto a un territorio riesgoso.

Las dinámicas migratorias han variado significativamente, lo que ha acarreado importantes desafíos que gobiernos y comunidades deben solventar. Debido a esto, se organizó un Pacto Mundial sobre Migración buscando que la migración sea “Segura, Ordenada y Regular”, propósito que también se encuentra consagrado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. De igual forma, se ha promovido un Pacto Mundial sobre los Refugiados.

“En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay 36,1 millones de niños migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, las Américas el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%”, de acuerdo con los reportes sobre migración de la Organización de Naciones Unidas y la información del Portal Global de Datos Migratorios.

Muchos de los derechos de migrantes, refugiados, desplazados o confinados son vulnerados en origen, tránsito y destino. Algunos de los mayores riesgos a los que están expuestos son:

Trata de personas, explotación sexual y laboral, riesgos para la vida, integridad y seguridad personales, discriminación, xenofobia, dificultades en el acceso a medidas de atención humanitaria, medios de vida sustentable, soluciones duraderas, retornos, reubicación e integración local.

Colombia y la migración

Actualmente, Colombia ha pasado de ser un país expulsor de personas, a ser un país receptor y de tránsito de población migrante, o con necesidad de protección internacional. Han llegado personas de nacionalidad venezolana y el país está siendo transitado por personas de nacionalidad hindú, nepalí, bangladeshí, cameruneses, angoleños, eritreos y del Caribe: cubanos y haitianos, quienes van de paso hacia los Estados Unidos. Igualmente, se presentan retornos de población colombiana de Venezuela y Ecuador principalmente, incluidas familias mixtas.

De acuerdo con Migración Colombia, en el país hay 1.228.827 venezolanos, de los cuales 749.580 permanecen regulares en el país y 479.247 presentan condición de irregularidad. De ésta última cifra, 186.928 personas superaron el tiempo de permanencia y 292.319 personas ingresaron sin autorización. De los migrantes referenciados, 589.734 personas cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP) localizados en el territorio de: Bogotá, D.C. 164.609 (28%), Antioquia 70.703 (12%), Norte de Santander 52.568 (9%), Atlántico 48.122 (8%), La Guajira 38.076 (6%), Valle del Cauca 34.395 (6%), y en el resto del país 181.261 (31%)

Debido a la situación de postconflicto de Colombia, la población migrante se encuentra expuesta a graves riesgos de violación de derechos humanos, como la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual y laboral, hurto, vinculación a actividades ilícitas, reclutamiento forzado, discriminación, xenofobia y homicidio. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Medicina Legal), entre los años 2017 y 2018 se incrementaron las muertes violentas de venezolanos en 255%, toda vez que en el año 2017 se presentaron 173 casos y en el 2018 se presentaron 441, mientras que se reporta que entre los meses de enero y febrero de 2019, ya se han presentado 71 muertes violentas de ciudadanos venezolanos.

Por otra parte, de acuerdo con advertencias que ha emitido el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aún persisten riesgos de desplazamiento forzado masivos internos, pues a diciembre de 2018 se registraron 99 eventos, los cuales afectaron a 35.407 personas que corresponden a 10.885 familias; 41 de estos eventos afectaron a comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, se han conocido casos de desplazamiento intraurbano, junto a situaciones de confinamiento y restricciones a la movilidad que afectan a 89 comunidades indígenas y afrodescendientes en zona de frontera, que corresponden aproximadamente a 14.974 personas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, comprometida con las comunidades migrantes, refugiadas, víctimas del desplazamiento forzado y confinadas, así como con las responsabilidades internacionales, considera conveniente convocar a un Seminario Internacional sobre la Movilidad Humana y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, para analizar las problemáticas de la población en situación de movilidad humana y promover entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos y la Cooperación Internacional, el desarrollo de mecanismos de coordinación y cooperación para incidir en las políticas públicas en la materia.

Algunas de las inquietudes que motivan la realización de este seminario, buscan dar respuesta a las preguntas que la dinámica migratoria plantea:

  • ¿La migración es la única alternativa para los problemas de desarrollo, gobernabilidad y cambio climático?
  • ¿Cuáles son las medidas que están considerando en instancias internacionales para garantizar las soluciones duraderas a las comunidades migrantes?
  • ¿Las medidas de atención y protección ya conocidas para atender las migraciones actuales son suficientes para atender las migraciones masivas?
  • ¿Existe algún mecanismo y fondos para asumir los costos de la atención a las crisis humanitarias derivadas de las migraciones masivas y/o forzadas?
  • ¿Cuál es el estado actual de los modelos de prevención, atención y protección a la migración, al desplazamiento forzado y a los confinamientos?
  • ¿Han sido eficientes los diseños de medidas de solución duradera para las víctimas del desplazamiento forzado? ¿Dichas medidas podrían ser aplicadas a las comunidades confinadas y migradas?
  • ¿Cómo pueden las INDH prevenir las prácticas de discriminación y xenofobia a los migrantes que se encuentran en tránsito o se están asentando?

Objetivo General:

Analizar las problemáticas de la población en situación de movilidad humana y promover entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos, y la Cooperación Internacional el desarrollo de mecanismos de coordinación y cooperación para incidir en las políticas públicas.

 Objetivos específicos

  •  Exponer el estado actual de la migración, el refugio, el desplazamiento forzado y el confinamiento a nivel global
  •  Revisar el estado de las medidas de prevención y protección, así como las responsabilidades para la garantía de los derechos de la población migrante, refugiada, víctimas del desplazamiento forzado y comunidades confinadas, establecidas en los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos y teniendo en cuenta la perspectiva de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
  •  Establecer lineamientos de acción para la incidencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de movilidad humana.