Habitantes de Puerto Rico, Meta, viven en medio de la violencia y cultivos de coca

Tomado de: Noticias RCN
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La disputa constante entre grupos armados ilegales por el control territorial y los cultivos de coca, ha puesto en peligro a los habitantes de las zonas alejadas de Meta y Guaviare.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, realizó una misión humanitaria por varios de esos municipios y constató graves amenazas de desplazamiento forzado, homicidios y delitos ambientales.
 
La misión de seis días comenzó en Puerto Rico, Meta, donde el temor y la incertidumbre se han encargado de copar las calles y veredas del municipio.
 
“Mucha presencia de grupos al margen de la ley, extorsión, amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos”, aseguró Edilberto Daza, defensor de derechos humanos del Meta.
 
 
A sus 53 años, el líder social clama atención al Estado, pide que el proceso de paz se cumpla.
 
“Si ese proceso de paz se cumpliera como está firmado, yo creo que no existirían esos grupos residuales. Están allá y están creciendo por incumplimiento del mismo Estado”, aseveró.
 
Entre tanto, Luis Alfonso Suárez, alcalde del municipio, dice que el desempleo en el mayor detonante del conflicto.
 
“Tenemos las comunidades que estaban empleadas con estas actividades ilegales, sin nada qué hacer”, afirmó Suárez.
 
La situación es tal, que la falta de empleo ha generado el incremento del consumo de sustancias sicoactivas, sobre todo en menores de edad.
 
“Puerto Rico hace un llamado a la opinión pública que nos den la mano ahora que el pueblo no quiere sembrar coca. Casi que puedo decir tranquilamente que quienes están en la idea de sembrar coca no es porque quieren sino porque les toca para sobrevivir”, señaló el alcalde.
 
Según el Registro Único de Víctimas, en Puerto Rico hay 5.755 víctimas de la violencia, la mayoría por desplazamiento forzado. Hay graves amenazas contra líderes sociales.
 
“El problema del asesinato de líderes no se va a solucionar con un carro blindado o con un chaleco antibalas. Hay que trabajar muy fuerte con medidas de protección colectivas”, puntualizó  el defensor del Pueblo.
 
De acuerdo con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales buscan el control de las economías derivadas de la coca, extorsión, control de territorios y el sometimiento de las comunidades.