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Investigar, juzgar y sancionar a responsables de desapariciones forzadas clave para satisfacer derechos de las víctimas

Un conjunto de 191 recomendaciones puntuales en aspectos como la estructura de la nueva Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas, los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna, así como los mecanismos de participación, reparación y memoria histórica, entre otros, entregó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a la Mesa de La Habana, en cumplimiento del mandato consignado en el Comunicado 062 del 17 de octubre de 2015, acordado por el Gobierno y las Farc.

 El organismo, presidido por el Defensor del Pueblo y conformado por siete instituciones (Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Consejo Nacional de Lucha Contra el Secuestro- Conase-)  y dos organizaciones sociales (Asfades y la Fundación Nydia Erika Bautista), hizo énfasis en que dada la dimensión humanitaria de un fenómeno como la desaparición en el marco del conflicto, resulta necesario tener presente que estos casos pueden constituir delitos (en ocasiones equivalentes a crímenes de guerra o de lesa humanidad), y que por lo tanto el Estado debe asegurar la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables como presupuesto para la construcción de una sociedad en paz, donde la garantía y satisfacción de los derechos de las víctimas sea el núcleo de transición hacia el posconflicto.
 
Entre las recomendaciones sobresale la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas por parte de la nueva Unidad Especial a partir de un Registro Nacional de Desaparecidos (RND), que mediante un sistema unificado y robusto recopile toda la información relacionada con la estadística, descripción, categorización de casos, análisis de contexto y seguimiento, mediante el respaldo del Banco de Perfiles Genéticos que administran el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación.
 

Así mismo, el informe de recomendaciones acentúa el derecho de cada víctima a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de las investigaciones, así como la suerte de las personas desaparecidas, lo cual implica rigurosidad en las medidas de investigación y compromiso de los actores involucrados en situaciones de desaparición.

Advierte el documento, que todas las personas dadas por desaparecidas deben ser buscadas por el Estado colombiano sin distinción alguna, garantizando la protección de sus derechos fundamentales y los de sus familias, las cuales como también lo precisa el compendio de recomendaciones a la Mesa, tienen un derecho adquirido de atención especializada e integral en los componentes sicológico, económico, legal, social y cultural.
 

De manera complementaria, la Comisión sugirió atender con calidad y enfoque diferencial las medidas de protección en casos de amenaza y hostigamiento contra líderes, organizaciones, asociaciones, defensores de víctimas de desaparición forzada, funcionarios adscritos al sistema y familiares que así lo requieran.

Igualmente, se promueve la construcción de una galería nacional itinerante con fines de dignificación de las personas desaparecidas, la declaración como santuarios de memoria de aquellos lugares donde hayan ocurrido homicidios y desapariciones, así como la protección de los sitios en los cuales se presuma la existencia de cadáveres inhumados o evidencia de los mismos.
 

Por último, la Comisión que como parte de su actividad ha logrado herramientas fundamentales como la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la reglamentación del Registro Nacional de Desaparecidos y el Protocolo Interinstitucional para la entrega Digna de Cadáveres de Personas Desaparecidas, instó al Gobierno y al Congreso de la República a aprobar y asignar el presupuesto necesario para la implementación, aplicación y cumplimiento de estas recomendaciones.

Vale la pena agregar que el documento entregado a La Mesa de La Habana fue el resultado de los aportes de todas las instancias involucradas, a partir de un plan de trabajo que incluyó tres encuentros regionales (Bucaramanga, Cali y Bogotá) que sirvieron como espacio de interlocución para la formulación de las propuestas y la construcción de las recomendaciones con la participación de los familiares de las víctimas (entre ellos los de la Fuerza Pública), organizaciones de derechos humanos y especializadas, así como las entidades del Estado.
 

 

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