El Chocó no tiene paz

Editorial ElEspectador/ 8 Mar 2017 

La estruendosa presencia de autodenominados paramilitares en Chocó marca un preocupante contraste con el discurso oficial del Gobierno, que niega su existencia e insiste en que el Estado va a poder llenar los vacíos de poder en regiones históricamente abandonadas a su suerte en medio de un conflicto entre varias partes. A menos que la respuesta sea contundente y muestre resultados, no puede hablarse de paz en Colombia.

En los últimos tres días el departamento de Chocó ha sufrido dos incursiones paramilitares. Según lo relatado por los habitantes de la zona, hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ingresaron al corregimiento de Domingodó (Riosucio) para amenazar e intimidar. La comunidad contó que cuatro paramilitares de camuflado ingresaron al caserío portando armas de fuego largas y cortas. El resto de las unidades que, según los cálculos de la comunidad, desde enero pasado superan los 600 en el Bajo Atrato chocoano, se asentó en las cercanías del corregimiento.

Por su parte, el sábado 4 de marzo los habitantes del Alto Baudó denunciaron la presencia de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas que entraron persiguiendo a miembros del Eln. El personero del Alto Baudó, Dayro Palacios Lizarda, le dijo a El Espectador que ese día 475 personas de cinco comunidades fueron desplazadas de manera forzada a la cabecera municipal.

La situación es profundamente angustiosa. Estos dos casos, además, no son aislados. En lo corrido de 2017, siete municipios han reportado la presencia de grupos paramilitares: los pobladores de Riosucio, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte han denunciado presencia de estos grupos y, en ocasiones, incluso en plena luz del día. La pregunta obvia es dónde está el Estado y cómo es posible que esto siga ocurriendo.

Por supuesto, y tristemente, esta situación no es nueva. La Defensoría del Pueblo, a través de distintos informes, ha mencionado cómo desde 2009 las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Negras han consolidado el control sobre la zona. El problema con eso es que le recuerda al país que con la desmovilización de las Farc los retos en seguridad persisten.

Ante los hechos recientes, la respuesta de la Alcaldía, la Gobernación de Chocó y la Fuerza Pública fue aumentar el pie de fuerza. Sin embargo, no sobra preguntarse si esa medida será suficiente y, más importante aún, cuáles son las condiciones que persisten y permiten que este tipo de grupos hagan temible presencia, obligando a que colombianos se desplacen en pleno proceso de reconciliación nacional.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha insistido en que “decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Si bien comprendemos la preocupación semántica por sus implicaciones políticas y jurídicas, la realidad es que estos “bandidos” le están haciendo mucho daño a Colombia y comparten muchas características perversas con los supuestamente desaparecidos paramilitares. En términos prácticos, hay colombianos sufriendo, lo que hace muy difícil creerle al Gobierno el discurso de la paz y del control territorial. Usemos el nombre que sea, pero detener esta amenaza debe ser la prioridad del país.

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