Comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo insta a las autoridades a redoblar los esfuerzos para la protección de los miembros de las Farc en proceso de dejación de armas.

El pasado 16 de abril, en la vereda la Guayacana, corregimiento de Llorente (Tumaco, Nariño), fue víctima de homicidio el señor Luis Alberto Ortiz Cabezas (“Pepe”), miembro de las Farc, quien habría sido sujeto de las medidas de amnistía e indulto derivadas de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Para la Defensoría del Pueblo este es un hecho que, independiente de las causas o el contexto en el que haya ocurrido, reviste una profunda gravedad. La protección de todos los civiles, así como de los miembros de las Farc que se encuentran transitando hacia la legalidad, debe ser una tarea prioritaria para las instituciones estatales. Los atentados contra la vida e integridad personal de estas personas socavan las bases sobre las cuales se encuentra marchando el proceso de construcción de paz que en la actualidad cursa en el país.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las autoridades públicas para sumar esfuerzos tendientes a prevenir eficazmente estos hechos. Es prioritario que la Fiscalía General de la Nación adelante una rigurosa investigación para esclarecer este homicidio y lograr la individualización y judicialización de los presuntos responsables.

Asimismo invita a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que estudie este hecho y recomiende al Gobierno Nacional las medidas necesarias para fortalecer la política pública de protección y seguridad dirigidas a evitar nuevos sucesos como el presentado en la vereda la Guayacana.

Finalmente, el Defensor del Pueblo alienta a las partes a continuar el proceso de implementación del Acuerdo Final, tomando en consideración los riesgos a los cuales se encuentra expuesto, para superarlos conjuntamente.

De manera especial, exhorta al Gobierno a fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo previsto en el punto 3.4.9 del Acuerdo Final, para que pueda realizar el monitoreo y advertencia de las situaciones de riesgo que se generen en el marco de la implementación de los acuerdos.

El país no puede repetir la historia, ni permitir que se cometan crímenes en contra de personas que han decidido reincorporarse a la vida civil.

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