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En 50 días fueron desplazadas 2.192 personas en las regiones del norte de Antioquia, Bajo Cauca y el sur de Córdoba

Defensoría del Pueblo: Archivo.
Archivo.

La Defensoría del Pueblo denunció la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba (San José de Uré), norte de Antioquia (Ituango) y Bajo Cauca (Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia), debido a los combates de grupos armados ilegales que han causado desplazamientos masivos y el incremento de homicidios.

Las Regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.

La causa han sido los combates entre Grupos Armados Ilegales posdesmovilización de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos’) en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.

Simultáneamente, se observa el fortalecimiento del ELN en Cáceres y Tarazá, así como la  presencia de una disidencia del Frente 36 de las FARC-EP en Ituango, que se ha enfrentado con las AGC.

En medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes.

Lo anterior ha configurado un contexto de violaciones masivas de los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la dignidad humana de las comunidades campesinas, indígenas y la población urbana.

  • En total se han identificado 732 familias (2.192 personas) desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018.
  • Se han incrementado los homicidios en el municipio de Taraza. De acuerdo a información de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2018 se han registrado 23 asesinatos, cuando en el año 2017 en el mismo periodo se reportaron 6 casos (Alerta Temprana Nº28-18). En San José de Uré se han reportado 6 asesinatos hasta el día 15 de marzo de 2018, cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios.
  • Se han presentado asesinatos e intimidaciones a líderes indígenas en Caucasia y Cáceres.
  • Alto riesgo para comunidades del Pueblo Zenú y del Pueblo Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango.
  • Se han registrado asesinatos de campesinos relacionados con los procesos de sustitución de cultivos en Tarazá. 
  • Se reportó el asesinato de  dos (2) Presidentes de Juntas de Acción Comunal en San José de Uré.
  • Confinamiento de comunidades indígenas y campesinas en Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

    En las verificaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo se ha hecho evidente que ante la magnitud de la Emergencia Humanitaria (cantidad de personas desplazadas y confinadas, así como la persistencia en el tiempo de la situación de riesgo), se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno. 

    La Defensoría del Pueblo ha realizado diversas gestiones para la protección de la población:
  • Misiones de Acompañamiento y Verificación.
  • Participación en Comités de Justicia Transicional y espacios de coordinación para la atención de la población desplazada.
  • Articulación y trabajo de acción humanitaria con otras entidades.
  • Advertencias a través de la emisión de Alertas Tempranas.

    La dimensión de la crisis humanitaria y de los riesgos en estas subregiones exige que se refuerce la intervención del Gobierno Nacional en apoyo a los entes territoriales, de manera que se garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital para la población desplazada forzadamente y confinada, así como acciones efectivas de prevención al desplazamiento forzado y de protección de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal.