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EN LOS MEDIOS: Se le está incendiando el país, presidente

“Todos los días faltan dos o tres niños y no se vuelve a saber de ellos”, dice un profesor de Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño, cuyas calles de casas pintadas de colores ahora están casi desiertas porque su gente huye o se encierra por miedo a la violencia generada por la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparrapos, que no son más que antiguos paramilitares mal desmovilizados, quienes hoy trabajan para los carteles mexicanos de la droga. En esa disputa territorial también interviene ahora, con menor intensidad y poder, el Eln.

 “Hay orden de reclutar a nuestros niños desde los 11 años; estoy amenazada; nos han dejado solos; llevamos 19 homicidios este año”, dice, sollozando, una mujer de la Mesa de Víctimas.

Y un maestro afirma: “Me siento preso; mis hijos no salen a la calle; no tengo vecinos; la única representación del Gobierno somos los docentes; la jornada escolar ha sido recortada; se ha ido más del 33 % de estudiantes; ¿qué hago con mis hijos?; estoy pidiendo traslado; no soporto más el estrés…”. Entonces, este acuerpado profesor se derrumba y, en medio del llanto, exclama: “¡Yo no quiero ver más que maten a mis alumnos! ¡No quiero que manden 2.000 o 3.000 policías! ¡Quiero que manden tres que sean honestos!”.

Esa tragedia no ocurre sólo en Cáceres: durante un recorrido que hicimos con Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo (casi la única instancia institucional que escucha a esta gente y hace lo posible por transmitirle su desesperación al gobierno, a base de hacer llamadas a altos funcionarios, Presidente de la República incluido, y de emitir alertas tempranas a las que pocas bolas les paran), también la escuchamos de gente de otros municipios del Bajo Cauca, tanto en Córdoba como en Antioquia: San José de Uré, Montelíbano, Caucasia, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel, Tarazá, Puerto Claver, Puerto López y El Bagre.

Allí matan a los líderes sociales... ¿Y por qué los matan? Porque promueven la sustitución de cultivos ilícitos, o los acusan de ser sapos, o saludan a alguien que pueda ser cercano a alguno que pertenezca a un grupo y lo asesinan los amigos del otro, o traspasan la barrera invisible más tarde de la hora señalada, o cargan celular donde no deben, o se niegan a pagar extorsiones, o promueven la restitución de tierras, o los matan por nada... Y en medio de esa situación, la mayoría desconfía de la policía: “Sólo una señora en la plaza nos vende”, me dijo un agente. “Los policías tenemos que peluquearnos entre nosotros porque nadie nos peluquea”, agregó.

“La gente habla mucho de que hay connivencia entre los grupos y la policía”, afirmó un experto que nos acompañó en el recorrido.

“Desde la misma estructura del Estado se fomenta la impunidad; muchos alcaldes del Bajo Cauca están presos”, comentó un personero.

Semejante drama no se limita al Bajo Cauca. Se extiende como mancha de aceite en otras cuatro regiones del país: Buenaventura, Chocó (costa Pacífica y Alto y Bajo Baudó), Catatumbo y Tumaco. Y se repite en menor medida en los Llanos Orientales.

Y, mientras tanto, el presidente Duque anda dedicado a Guaidó, a llevarnos al borde de la guerra con Venezuela, a volver irreversible el proceso con el Eln y a cavilar sobre cómo acaba con lo que sí funciona: la paz con las Farc y la JEP.

(Y a todas estas, ¿los periodistas en qué país vivimos? ¿Dónde estamos?).

Continuará…

Nota. Por seguridad, omito los nombres de los entrevistados.

www.patricialarasalive.com@patricialarasa

Columna publicada en https://www.elespectador.com/opinion/se-le-esta-incendiando-el-pais-presidente-columna-842442

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