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Crítica situación de derechos humanos en Chocó por impacto de la minería ilegal y enfrentamientos entre grupos criminales

Defensoría del Pueblo:
Declaraciones del Vicedefensor del Pueblo sobre DDHH
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Una nueva emergencia humanitaria provocada por la reactivación de los enfrentamientos que protagonizan el ELN y miembros del grupo armado ilegal post-desmovilización conocido como Autodefensas Gaitanistas en la cuenca del Alto Baudó, afrontan al menos seis comunidades asentadas en esa región, que desde el 13 de Junio padecen el rigor del desplazamiento y el confinamiento como consecuencia de los combates.

Según las informaciones recopiladas por la Defensoría Regional del Chocó, las cuales están en proceso de verificación, se trataría de 538 personas pertenecientes a 94 familias de los resguardos de Gegandó, Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y Puerto Indio.

Vale la pena indicar que el pasado 16 de mayo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría advirtió a la Comisión Intersectorial que coordina el Ministerio del Interior, acerca de la preocupación de los pobladores de comunidades como San Francisco de Cugucho y Puerto Ángel, ubicadas a 10 minutos una de la otra, y donde habría presencia de ambos grupos ilegales.

Estos hechos se suman al desplazamiento de 2.500 personas ocurrido a mediados de ese mismo mes, cuando la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado en llegar a la comunidad de Catrú Dubaza, donde permanecían refugiadas las familias afectadas por los brotes de violencia en el Alto Baudó.

A este complejo panorama de orden público que vulnera los derechos fundamentales de las poblaciones negras e indígenas en el Chocó, se suma el grave impacto de la minería ilegal, frente a la cual la Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se cumpla lo dispuesto en la ley 1658 de 2013 respecto al uso del mercurio, se asuman responsabilidades entorno al control ambiental y se protejan los derechos de estas comunidades.

Cabe señalar que en desarrollo de una visita de campo a los municipios de Quibdó, Condoto, Atrato, Lloró e Istmina, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente evidenció la trágica huella de esa actividad, particularmente sobre las fuentes hídricas y la salud de los habitantes.

Según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, cifra que de acuerdo con los datos que maneja esa corporación, representa un incremento del 184 por ciento en relación con la maquinaria que había en 2012. No obstante, se trata de indicadores en proceso de verificación, pues según la misma comunidad habría por lo menos 200 entables mineros acondicionados con esos equipos. El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es expedito por la influencia que sobre este negocio tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga”.

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros. Pero lo más delicado son las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables, situaciones que representan un alto riesgo para la salud de la comunidad, toda vez que el agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina.

Según un Informe de la Comisión Independiente del Ombudsman, la exposición del ser humano a estos factores deriva en síntomas y enfermedades como tos persistente, diarrea, fiebre, aumento en la tensión arterial, edema pulmonar, dermatitis e incluso incidencia en episodios de fracaso reproductivo como abortos espontáneos y malformaciones genéticas.

La Defensoría del Pueblo ha requerido a la Secretaría Departamental de Salud, debido a la proliferación de enfermedades como el dengue y la malaria, que al parecer se habrían agudizado en virtud de los empozamientos que genera la actividad de las dragas y retroexcavadoras vinculadas con la explotación aurífera, actividad que habría cobrado la vida de 11 personas este año solo por desprendimientos de tierra en los municipios de Nóvita, Sipí y Medio Baudó.

A esta problemática se suman las difíciles condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos, dado que en las poblaciones objeto de la visita no existen rellenos sanitarios, las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales.

La situación más  crítica en este sentido se registra en las localidades de Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, donde entre el 18 de Enero y el 12 de Abril fueron atendidas 400 personas por delicados síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada, circunstancia que habría originado la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.

Así las cosas, la Defensoría del Pueblo convocó a una mesa interinstitucional con los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Interior, la Vicepresidencia de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Chocó y Codechocó, a la vez que pidió soluciones integrales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población.