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Defensoría del Pueblo exige explicaciones por ‘batidas’ pese a prohibición de la Corte Constitucional

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y al Comando del Ejército Nacional explicaciones sobre la conducción irregular de al menos 26 jóvenes que fueron llevados a la fuerza desde Cali a un batallón de Buga, en lo que sería un nuevo caso de las llamadas ‘batidas’, las cuales están prohibidas en el país.

Según denuncias allegadas a la Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, por parte de algunos familiares de los jóvenes, a ellos se los llevaron en un camión del Ejército que hizo recorridos por distintos sectores de Cali y de allí los trasladaron hasta el batallón Palacé de Buga.

La información preliminar indica que luego de varias horas a algunos muchachos los dejaron en los municipios de Buga y Cartago sin ningún tipo de explicación o ayuda para su transporte de regreso a Cali. Resulta más grave que, según los primeros datos, algunos de estos jóvenes serían menores de edad.

La Defensoría del Pueblo les solicitó a los comandantes de la Tercera Brigada del Ejército, con sede en Cali, que investiguen e informen por qué dos unidades del batallón Vencedores de Cartago y de Alta Montaña de Buga realizaron un procedimiento a todas luces irregular porque estas 'batidas' están prohibidas por la Corte Constitucional, en especial la Sentencia C-879 de 2011, que señala que no se puede retener ni conducir a ningún ciudadano a distritos militares para verificar su situación militar. También la Entidad le solicitó a la Fiscalía que investigue estos hechos.

La Defensoría del Pueblo acompaña a los familiares en la búsqueda de los jóvenes, debido a que no les han entregado información sobre el sitio en donde se encuentran algunos de ellos.

Con respecto a este tema, en un informe de 100 páginas elaborado por la Defensoría del Pueblo y entregado en octubre pasado en el Congreso, se dejó en evidencia la manera como las Fuerzas Militares siguen incumpliendo el derecho a la objeción de conciencia que por Ley exime a jóvenes con circunstancias especiales de prestar el servicio militar obligatorio.

En el escrito denominado “Servicio Militar Obligatorio en Colombia: Incorporación, Reclutamiento y Objeción de Conciencia” se resalta de manera negativa, la extralimitación de las autoridades militares para vincular a miembros de comunidades víctimas del conflicto armado, indígenas, transgeneristas y jóvenes que adelantan estudios superiores.

“Para la Defensoría del Pueblo resulta preocupante, primero, la existencia de las batidas y que estas no sean reconocidas como un problema sistemático y generalizado, sino que se siga tratando como hechos aislados por parte de las Fuerzas Militares”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.

Desde hace varios meses funcionarios de la Entidad han realizado seguimiento a casos individuales en jornadas de reclutamiento que se adelantan en el país y ha instaurado tutelas que permitieron el retorno de cuatro jóvenes del Tolima a sus hogares, debido a que son padres de familia o por sus convicciones religiosas.

Ante la problemática, la Defensoría consultó en los juzgados, tribunales y altas cortes, algunos casos relacionados con la protección de los principios morales y logró identificar que las autoridades militares encargadas del reclutamiento no reconocen el derecho a la objeción de conciencia, como causal de exención, argumentando que no está consagrada en la Ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el reclutamiento, desconociendo en algunos casos el artículo 28 donde se referencian algunas exenciones que le dan vía libre a la acción de tutela.

Para el Defensor, “es importante que en Colombia se revindique y se respete el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Este derecho se respetaría dándole trámite a todas las personas quienes presentan su solicitud, sin dilaciones injustificadas”.

La Defensoría del Pueblo formuló varias recomendaciones entre las que se destacan: buscar una regulación legislativa para que el derecho a la objeción de conciencia se pueda proteger de forma efectiva, además de solicitar que las autoridades militares respeten la jurisprudencia constitucional y en consecuencia se abstengan de efectuar detenciones arbitrarias mejorando los procesos durante las incorporaciones.

Para la solución de estos casos, la Entidad realizó una advertencia para que se cree un protocolo que les permita a los jóvenes incorporados de forma irregular abandonar las guarniciones militares en el menor tiempo y de esta manera se garantice el derecho a la libertad de locomoción.

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