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Historia

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en cuanto a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Mediante los artículos 281 y 282  de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho.

De esta manera se constituye en autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes se les ha delegado funciones de carácter público, respecto de los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual se le ha surtido de procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus acciones y tareas.

La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones  ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. Se instituye, entonces, en el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior.

Junto con la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo hace parte de lo que se denomina el Ministerio Público[1], y se constituye, en la entidad rectora de la defensa, promoción, protección y divulgación de los derechos humanos.

La capacidad que el Constituyente de 1991 le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte no sólo del rango constitucional que le confirió, sino además, porque la instaló en el nivel de los estándares internacionales respecto de las líneas programáticas acogidas por la Organización de Naciones Unidas, en cuanto a la educación en derechos humanos y el desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación, como desarrollo de los instrumentos internacionales de los que Colombia es signataria.

 

 


[1]  El Ministerio Público no existe como cartera ministerial, pero fue formulado, concebido y creado como unidad estatal bajo el mandato de la Constitución Política de Colombia de 1991. Se considera que los organismos de control que lo conforman (las tres entidades ya mencionadas) le dan vida a esta institución.

 

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