Durante tres días, la Defensoría del Pueblo llevó jornadas de restablecimiento de derechos fundamentales a Nuquí, donde atendió a 950 personas de comunidades negras, indígenas, víctimas del conflicto armado y población rural dispersa en este municipio del Pacífico chocoano.

El trabajo, coordinado por la Regional Chocó de la entidad, se realizó de la mano con la Alcaldía, la gestora social local, la Personería municipal, el consejo comunitario mayor Los Riscales y cabildos indígenas del territorio. Todo en el marco de la estrategia Buen Futuro Hoy.

La primera jornada transcurrió en el casco urbano de Nuquí. La segunda tuvo lugar en la comunidad de Arusí, a donde solo se puede llegar por río. Y la tercera se concentró en el corregimiento de Jurubirá, punto de encuentro para habitantes de tres resguardos indígenas vecinos que llegaron buscando orientación y apoyo.

 

Lo que se logró

El equipo de profesionales desplegado registró 294 peticiones relacionadas con quejas, asesorías y solicitudes sobre restablecimiento de derechos humanos. Además, capacitó a 536 personas en once actividades de formación y tres espacios de divulgación centrados en prevención de violencias basadas en género, acceso a la justicia, salud mental y construcción de proyectos de vida.

También se identificaron 120 campesinas y campesinos a través del programa CampeSENA del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), iniciativa que busca certificar competencias laborales y ofrecer cursos técnicos de formación corta.

Las actividades abarcaron promoción de derechos humanos con enfoque diferencial, atención psicosocial, prevención de la conducta suicida y diagnóstico de problemáticas ambientales que aquejan a la zona: erosión marino-costera, manejo inadecuado de residuos sólidos y extracción ilegal de arena en las playas.

 

Un territorio marcado por la violencia

Nuquí, en la subregión del Pacífico Norte chocoano, ha vivido de cerca los estragos del conflicto armado. La disputa territorial entre grupos armados ilegales ha dejado una estela de violencia, desplazamientos masivos, confinamientos forzados y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Por eso, la Defensoría ha insistido ante las autoridades competentes para que atiendan las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 009 de 2024, con la que pidió protección urgente para la población civil de Nuquí, Bahía Solano y Juradó. (Ver AT 009-24)

La Defensoría del Pueblo deja claro su compromiso con la protección de los derechos colectivos en territorios étnicos y rurales del Pacífico colombiano, así como con el monitoreo de las problemáticas detectadas, para impulsar acciones integrales de prevención y protección en articulación con entidades y actores sociales locales.