La Defensoría del Pueblo logró la admisión de la acción popular presentada ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa para proteger los derechos colectivos de la comunidad de Villagarzón, Putumayo, frente a la crisis generada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos y las deficiencias en la prestación del servicio público de aseo. 

La decisión judicial, adoptada mediante auto del 4 de agosto de 2026, constituye un paso importante dentro del trabajo que la entidad ha adelantado para buscar una solución estructural a esta problemática. Durante meses realizó seguimiento permanente, actuaciones defensoriales, requerimientos preventivos y gestiones institucionales orientadas a que las autoridades competentes garantizaran los derechos de la población. 

La acción fue promovida luego de evidenciar la persistencia de graves afectaciones derivadas de la acumulación de residuos en espacios públicos, parques, zonas verdes y sectores cercanos a fuentes hídricas. Esta situación representa riesgos para la salud pública, favorece la proliferación de vectores, genera contaminación ambiental y vulnera derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a una adecuada infraestructura de servicios públicos. 

Esta problemática había sido advertida de manera reiterada por la comunidad, la Defensoría del Pueblo y CORPOAMAZONIA, sin que se consolidara una solución definitiva para la disposición final de los residuos sólidos ni se diera cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

Con la acción popular, la Defensoría busca que el Municipio de Villagarzón y la Empresa Aguas La Cristalina S.A. E.S.P. adopten medidas inmediatas y de fondo para garantizar una adecuada prestación del servicio de aseo e implementar una solución definitiva para la disposición final de los residuos mediante la construcción y operación de un relleno sanitario. Entre las medidas solicitadas también están fortalecer los procesos de recolección y aprovechamiento de residuos, actualizar y ejecutar el PGIRS, intervenir los puntos críticos de contaminación, y establecer un cronograma de cumplimiento con un comité de seguimiento que garantice la protección efectiva de los derechos colectivos.