• La Defensoría del Pueblo advierte un riesgo inminente para la vida, integridad y libertad de las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, por la disputa entre el autodenominado EGC y el autodenominado EMBF.
• El uso de drones con explosivos, los enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos y otras formas de control armado están profundizando la crisis humanitaria y afectando especialmente a comunidades étnicas, niñas, niños y adolescentes.
• La Alerta Temprana de Inminencia 020 de 2026 formula 14 recomendaciones para que las autoridades actúen de manera articulada y urgente frente a los factores de amenaza y adopten medidas efectivas para proteger a la población.

Bogotá, 4 de septiembre de 2026 (@DeefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2026 ante los riesgos para los derechos de las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre, Antioquia, y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, derivados de la intensificación de la disputa entre grupos armados ilegales en la zona.

La emisión de esta ATI obedece a la intensificación de la disputa territorial, poblacional y financiera entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario (del autodenominado EGC) y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio (del autodenominado EMBF).

El conflicto se centra en el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.

Uso indiscriminado de drones y municiones sin explotar

La Defensoría advierte sobre la intensificación del uso de vehículos aéreos no tripulados (vant), o drones, modificados con artefactos explosivos. Desde junio pasado, estos ataques han sido más frecuentes, lo cual ha generado efectos indiscriminados y sembrado el temor en la población civil.

Esta dinámica ha provocado una grave crisis humanitaria. Solo en un evento ocurrido en junio de este año, donde fueron lanzados 12 explosivos desde drones, 61 familias tuvieron que desplazarse. Igualmente, cientos de familias permanecen restringidas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.

Adicional a ello, ha habido asesinatos selectivos y violencia contra personas socialmente marginadas, a quienes se les acusa de colaborar con el bando contrario.

Los grupos armados ilegales han impuesto una férrea gobernanza armada, prohibiendo el tránsito de personas después de las 6:00 p. m. en vías rurales y exigiendo el pago de "vacunas" equivalentes al 10 % de la producción de oro. La población civil, incluyendo a mototaxistas y arrieros, es frecuentemente instrumentalizada para el transporte de insumos o el retiro de cuerpos de combatientes.

Riesgo crítico para comunidades étnicas y menores de edad

El riesgo es especialmente crítico para los pueblos indígenas Zenú (resguardos Los Almendros y Brojolá) y comunidades afrocolombianas, cuyos territorios colectivos y autonomía están amenazados. 

Asimismo, la Defensoría alerta sobre el impacto en niñas, niños y adolescentes (NNA), pues enfrentan riesgos de reclutamiento ilícito, accidentes con minas antipersonal y graves afectaciones a su salud mental.

La entidad hace recomendaciones

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 020 de 2026 un total de 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, entre otros entes del orden nacional, departamental y local.

Todas tienen como finalidad implementar acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales existentes. Es por ello que las entidades deben adoptar estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana.

La Defensoría del Pueblo les hará seguimiento a estas recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana, instando al Estado a dar una respuesta articulada, que supere las divisiones administrativas y proteja efectivamente la vida y el tejido social en El Bagre.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es proteger la vida, libertad e integridad de las comunidades.

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