Lo ocurrido en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, es una violación al principio de distinción. 

El Ministerio de Justicia debe coordinar con el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección los protocolos que permitan garantizar la seguridad de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Bogotá, 18 de octubre de 2024 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo condena de manera vehemente los ataques de los que fueron víctimas integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los departamentos del Cauca y Santander, como también condena el hecho de que fueran afectadas la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, transportadas en el vehículo oficial de custodia que iba de Popayán y tendría como destino Cali.  

Aunque la ley colombiana les autoriza portar armas para el estricto cumplimiento de sus funciones, es evidente que, al tratarse de servidores públicos adscritos al Inpec, en modo alguno se vuelven partícipes de las hostilidades en el territorio nacional, y es reprochable desde todo punto de vista que los grupos armados organizados atenten en su contra.

Lo ocurrido en la vía Panamericana representa una violación al principio de distinción, razón por la que le pedimos al Ministerio de Justicia y del Derecho, al ser la entidad articuladora del sector justicia, coordinar con el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección los protocolos necesarios que garanticen la seguridad de los servidores del Inpec. Y le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación su actuación para esclarecer los hechos y aportar a la captura de los responsables tanto de ese ataque como del que fue víctima un dragoneante en Bucaramanga.
 
La entidad nacional de derechos humanos es consciente de que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario son también víctimas del estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarías del país, por lo que resulta intolerable que, además de las cruentas condiciones de trabajo que deben afrontar, tengan que verse sometidos al accionar de las estructuras armadas al margen de la ley y de los grupos delincuenciales. 

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec cumple una labor esencial, por lo que los ataques en su contra pueden constituir violaciones al derecho internacional humanitario (DIH). Los atentados de los que han sido objeto, particularmente este año, dan cuenta de una creciente violencia que lamentablemente ha costado vidas y afectado gravemente su misionalidad.

La vigencia del Estado de derecho pasa por proteger a quienes protegen a las y los ciudadanos, categoría en la que también están los servidores penitenciarios, quienes día a día están en permanente peligro.