La disputa criminal por el territorio entre el ELN y las disidencias de las Farc en Catatumbo provocó una crisis humanitaria sin precedentes y, además, sumió a las comunidades a vivir en medio de un conflicto que tiene tendencia a intensificarse con métodos de guerra no convencionales, confinamientos y desplazamientos masivos.

Esas fueron algunas de las conclusiones de la Defensoría del Pueblo en un informe que presentó este martes frente a la situación de violencia en el Catatumbo.

El Ministerio Público subrayó que ilegales como el ELN empezaron a tomar un control casi total en municipios como Ocaña, Convención y Sardinata: allá los guerrilleros impusieron un régimen de facto.

“La respuesta del Estado, incluida la declaratoria de conmoción interior, no ha logrado contener las agresiones ni garantizar plenamente los derechos de la población civil”, indicó la Defensoría del Pueblo.

El balance de la crisis humanitaria señala que desde que se desató la confrontación armada se han registrado 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas y 117 homicidios.

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