La situación de las familias receptadas en la costa caucana del Pacífico ha desbordado la capacidad institucional de respuesta y son frecuentes las quejas en contra de algunos funcionarios del Estado que tienen la obligación de coordinar la acción institucional para mitigar el impacto de esa gravísima violación a los derechos humanos que es el desplazamiento forzado.

Las situaciones encontradas, los sueños y las esperanzas de las víctimas, entre las que se cuentan algunos sobrevivientes de horrendas masacres como la de El Naya y la de Iscuandé y las 93 familias afectadas por los recientes desplazamientos masivos desde El Charco y La Tola en el departamento de Nariño; los logros del Estado y lo que queda por hacer; el apoyo brindado a la Comisión por el ICBF, la Gobernación del Cauca, las Alcaldías y Personerías de los tres municipios, serán materia de un informe que está elaborando la Defensoría de Pueblo Regional del Cauca.

Al lado de la exuberante riqueza natural, étnica y cultural del pacífico caucano, se encuentra una oprobiosa desigualdad, que atenta contra la dignidad humana e impide el acceso al desarrollo y al bienestar de la mayoría de los habitantes de la región.

Generar empresas comunitarias para impulsar la integración social y fortalecer los procedimientos de pesca artesanal; establecer un transporte fluvial estatal; crear conciencia ciudadana sobre el valor de lo publico; afianzar una ética colectiva para no sucumbir a la seducción del dinero del narcotráfico y diseñar y ejecutar políticas públicas para hacer del precepto constitucional sobre el respeto a la diversidad étnica y cultural una realidad, son algunas de las necesidades visibilizadas por la Comisión para cambiar la historia de una riqueza extrema a la cual no todos pueden acceder, porque la desigualdad de oportunidades opera como un dique contra el cual se estrellan diariamente los planes de vida de las comunidades.

José Manuel Hernández y Mauricio Redondo Valencia, Analistas Nacional y Regional del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo; Arantza Frade, de OCHA; Christopher Guarnotta, de la OACNUDH; José Manuel Cisneros, Asesor Regional Cauca para la Atención al Desplazamiento Forzado, y Víctor Javier Meléndez Guevara, Defensor Regional del Cauca, conformaron la Comisión que, en el terreno, verificó la situación de las familias en situación de desplazamiento, las cuales, desde el año 2001, se asentaron en la costa caucana y viven en precarias condiciones sin que se vislumbre el final de su condición de víctimas de la violencia.