Defensoría del Pueblo lideró espacio interinstitucional por caso de menores intoxicados en Norte de Santander

Defensoría del Pueblo lideró espacio interinstitucional por caso de menores intoxicados en Norte de Santander

  • Mié, 28 sep 2022

Defensoría del Pueblo lideró espacio interinstitucional por caso de menores intoxicados en Norte de Santander

La Esperanza, Norte de Santander, 27 de septiembre de 2022 (@DefensoriaCol). A través de la Regional Santander, la Defensoría del Pueblo lideró un encuentro de varias instituciones con los padres de los 46 menores de edad que resultaron intoxicados el pasado 24 de septiembre en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Semillitas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en el municipio La Esperanza en Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo, el ICBF, el operador del contrato, representantes de la Alcaldía y la Personería Municipal, docentes y la dirección del CDI escucharon las preocupaciones de los padres de familia. Entre los acuerdos logrados se destaca la prestación del servicio de atención médica a los niños y niñas por parte de un pediatra. También se consiguieron medidas de seguridad en el servicio de alimentación para garantizar que no se vuelva a repetir un incidente tan grave como el ocurrido.

La Defensoría del Pueblo hará seguimiento al curso de la investigación para que se esclarezcan los hechos con celeridad y se mantendrá el acompañamiento a las familias afectadas. Se acordó además que una comisión de padres de familia se reunirá cada 15 días con representantes de las instituciones para verificar el cumplimiento de los compromisos. 


En su visita el Defensor Regional Santander, Rodrigo González, recorrió el centro de salud del Municipio La Esperanza, verificó las condiciones en las que se encuentra la infraestructura y se reunió con profesionales de la salud. 
También se evidenciaron algunas falencias como personal insuficiente para garantizar el respeto a los derechos laborales de los profesionales de la salud, deficientes condiciones ambientales de trabajo, retrasos en el pago de salarios y falta de un lugar de descanso para quienes prestan extensos turno de trabajo.
Ante estas situaciones, la Defensoría del Pueblo a través de la Regional Santander solicitó a las autoridades locales competentes atender las necesidades del centro médico.