Tras los hechos protagonizados por el Eln en diversas regiones de Colombia en los últimos días, la Defensoría del Pueblo, en cabeza del defensor (e), Esiquio Manuel Sánchez Herrera, solicitó mediante un oficio a Aurelio Iragorri y Juan Carlos Pinzón, ministros de Interior y de Defensa respectivamente, la adopción de medidas para proteger los derechos humanos, especialmente en aquellos departamentos mencionados por ese grupo armado en el paro armado anunciado el pasado 30 de junio.

En el documento se alerta sobre “una situación de riesgo y amenaza contra la población civil de los departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, como resultado de la declaratoria de un presunto para armado por parte del Frente de Guerra Oriental del Eln Manuel Vásquez Castaño entre el 3 de julio a las 6:00 a.m. y el 6 de julio a las 6:00 a.m.”.

En este sentido, se prevé que se presentarán afectaciones como restricciones a la movilidad, limitaciones al servicio de transporte de pasajeros, carga y medicamentos, instalación de retenes ilegales, desabastecimiento alimentario, amenazas, incineración de vehículo y otros.

Por ello, el Defensor encargado pidió que en coordinación de las dos carteras se refuercen los dispositivos de seguridad en las zonas de riesgos para que se eviten ese tipo de hechos que involucran a la población.

Cabe recordar que en un comunicado, el Eln confirmó la realización del paro por elaniversario 50 de ese grupo armado. Y señaló: "esperamos que se acate la orden de paro, para que no hayan hechos que lamentar, y que el tiempo del paro sea utilizado en actividades familiares en las parcelas y vecindarios, mientras esté suspendida la movilidad”.