•    La Alerta Temprana 018 de 2026 identifica riesgos para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población de las nueve comunas y los 23 corregimientos de la ciudad, ante el accionar y los intereses de control territorial de grupos armados ilegales y estructuras criminales.

•    En la zona rural, las disputas y dinámicas de control de corredores que conectan al Cauca con Huila, Nariño y Valle del Cauca incrementan los riesgos para las comunidades. En el área urbana, confluyen grupos armados y organizaciones criminales vinculadas, entre otras actividades, al lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

•    Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 018 de 2026, en la que formula 27 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales para prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y adoptar medidas oportunas de protección para la población civil.

Bogotá, 22 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo advierte un grave escenario de riesgo para los derechos de la población de las nueve comunas y los 23 corregimientos de Popayán, asociado al accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y a las dinámicas de control territorial que se presentan tanto en el área urbana como rural. Ante esta situación, la entidad emitió la Alerta Temprana 018 de 2026 para promover una respuesta estatal oportuna que prevenga violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

En el área rural hay un interés del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas [(Bocja), del autodenominado y disidente EMC] y la guerrilla del ELN por el control de corredores estratégicos que conectan al Cauca con el Valle del Cauca, Nariño y Huila.
 
En la zona urbana se evidencia una compleja coexistencia entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales (incluyendo bandas locales, como ‘Los Comapán’, y emisarios transnacionales), que utilizan la capital caucana como refugio y plataforma para el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

Consecuencias humanitarias y gobernanza armada

La Defensoría advierte sobre la materialización de consecuencias humanitarias severas, teniendo en cuenta que ha registrado homicidios selectivos, sicariato y masacres, como la ocurrida en abril del 2026 en el corregimiento La Meseta, donde fueron asesinadas seis personas, y la incineración de tres personas en un vehículo en marzo pasado. Estas acciones buscan demostrar control territorial y capacidad de daño ejercidos por las estructuras armadas no estatales.

Estos grupos están ejerciendo formas de gobernanza armada mediante la distribución recurrente de panfletos amenazantes, proselitismo armado y pancartas en los sectores Cajete y Las Chozas, en la vía a El Tambo, y en los barrios Lomas de Granada, La Pamba y Valladolid. Además, la extorsión depredadora y los secuestros han generado zozobra, afectando el tejido socioeconómico y provocando un “confinamiento organizativo” de lideresas y líderes sociales que, por seguridad, deben concentrar sus actividades solo en el casco urbano.

Infracciones al DIH

Adicionalmente, la entidad ha documentado graves infracciones al DIH, como los ataques sistemáticos contra la infraestructura de servicios públicos, específicamente la incineración de vehículos recolectores de residuos sólidos en la vía al corregimiento La Yunga. Asimismo, Popayán enfrenta una nueva amenaza por el uso de drones con explosivos, cuyo manejo estaría a cargo de mercenarios que estuvieron en la guerra de Ucrania, dirigidos contra instalaciones militares en pleno centro urbano, lo que representa un riesgo indiscriminado para la población civil.

Grupos poblacionales en riesgo

El riesgo es especialmente alto para las niñas, los niños y adolescentes (NNA), que son blanco de reclutamiento y utilización estratégica a través de plataformas digitales como TikTok y WhatsApp. Las mujeres, particularmente aquellas que desarrollan actividades sexuales, sufren violencias basadas en género y mecanismos de control degradantes, como la exigencia de pruebas médicas por parte del disidente Bocja. 

Los pueblos indígenas (Kokonuko, Nasa, Misak y Yanakona) enfrentan restricciones a sus prácticas tradicionales y movilidad en sus resguardos.

Recomendaciones de la entidad

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su AT 018 un total de 27 recomendaciones a autoridades nacionales y territoriales. Incluyen llamados al Ministerio del Interior para coordinar la respuesta rápida, al Ministerio de Defensa para aumentar la disuasión con tecnología antidrones, a la Fiscalía General de la Nación para atacar el lavado de activos.

Igualmente, las recomendaciones son dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Secretaría de Educación de la ciudad, a la Alcaldía de Popayán, a la Gobernación del Cauca, entre otros entes, para fortalecer los entornos protectores frente al reclutamiento infantil.

El Estado, cuya intervención tiene que ser realizada bajo una perspectiva de seguridad humana, debe mitigar las vulnerabilidades estructurales que afrontan las poblaciones urbana y rural de Popayán.

Es preciso que, en conjunto, implementen acciones de disuasión y mitigación de los factores de amenaza, reducción de las vulnerabilidades detectadas, prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH, protección diferencial de las poblaciones en riesgo y fortalecimiento de las capacidades institucionales existentes.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades.