Florencia (Caquetá), 28 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). La grave situación humanitaria que afecta a las comunidades de la cuenca del río Caquetá fue analizada durante una sesión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, escenario de coordinación interinstitucional en el que participó la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría presentó un análisis que evidencia cómo las dinámicas del conflicto armado han derivado en el fortalecimiento del control territorial ejercido por grupos armados ilegales y el aumento de las afectaciones contra la población civil. De igual manera, expuso las particularidades que afronta el municipio de San Vicente del Caguán, donde también persisten riesgos asociados a la presencia de actores armados.

Son las comunidades indígenas, campesinas y ribereñas, expuso la Defensoría del Pueblo, las que continúan enfrentando graves vulneraciones a sus derechos fundamentales, entre ellas confinamientos prolongados, restricciones a la movilidad fluvial, desplazamientos forzados, riesgos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, amenazas contra lideresas y líderes sociales. Igualmente, desabastecimiento de alimentos y barreras para el acceso a servicios esenciales como salud, educación y asistencia humanitaria.

Además, la entidad dio a conocer lo que padecen las familias víctimas de confinamiento en los municipios de Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), también lo que sucede en Puerto Santander (Amazonas) y Puerto Leguízamo (Putumayo), donde las restricciones impuestas por las estructuras al margen de la ley continúan limitando el ejercicio de los derechos de la población y dificultando la respuesta institucional. 

Reiteró, asimismo, la necesidad de mantener un seguimiento permanente en San Vicente del Caguán, dadas las condiciones de riesgo que enfrenta su población.

Mejor respuesta estatal

La respuesta del Estado, insistió la Defensoría, debe superar las fronteras administrativas y consolidar una estrategia regional para la cuenca del río Caquetá, articulada con acciones específicas para los territorios con dinámicas particulares del conflicto, como San Vicente del Caguán. 

Todo esto requiere una actuación coordinada entre las entidades nacionales y territoriales para garantizar la protección de la población civil, facilitar el acceso a ayuda humanitaria [AB1.1][VV1.2]y prevenir nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

Las entidades presentes en la sesión, realizada en Florencia[AB2.1], avanzaron en la definición de compromisos para fortalecer la coordinación institucional, mejorar los mecanismos de prevención y protección, impulsar la atención integral a las comunidades afectadas y realizar un seguimiento permanente a la crisis humanitaria en la región.

Formaron parte del Subcomité el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las alcaldías de Puerto Leguízamo, San Vicente del Caguán y Solano, la Procuraduría General de la Nación y las gobernaciones de Putumayo, Amazonas y Caquetá.

La Defensoría del Pueblo continuará haciéndole seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos e insistiendo en la implementación de medidas oportunas, integrales y con enfoque diferencial que permitan salvaguardar la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades indígenas, campesinas y ribereñas de la cuenca del río Caquetá, así como de las demás poblaciones afectadas por el conflicto en la región.