Montería Córdoba, 23 de abril de 2025 (@DefensoriaCol). Dar a conocer los alcances del Acuerdo de Escazú y cómo este impacta a las comunidades en las regiones, fue el eje del taller que realizó la Defensoría del Pueblo con el fin de ampliar los conocimientos de líderes y lideresas de la región.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional pionero en América Latina y el Caribe, el cual busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, ejes clave para visibilizar y brindar apoyo al importante rol que desarrollan estas personas para la conservación de ecosistemas estratégicos.

Este acuerdo, adoptado por Colombia con la Ley 2273 de noviembre de 2022, representa una herramienta clave para la protección de los derechos de las comunidades que habitan los territorios, especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas.

En Colombia, su implementación constituye un avance decisivo en la garantía de condiciones de participación efectiva para los líderes sociales, defensores ambientales y comunidades étnicas y rurales que enfrentan amenazas por ejercer su labor de defensa del territorio.

En Montería, con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, 35 líderes y lideresas sociales (incluyendo presidentes de Juntas de Acción Comunal y representantes de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas y colectivos juveniles) participaron en un espacio de reflexión y fortalecimiento del tejido social enfocado en el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos.

Durante el desarrollo del taller, se destacó la intervención especial de la costarricense Irene Murillo Ruin, representante del Público ante el Acuerdo de Escazú, quien se conectó desde Guatemala y compartió una visión integral sobre la importancia de este instrumento para proteger a quienes defienden el ambiente.

Murillo Ruin subrayó la urgencia de que los Estados no solo ratifiquen el acuerdo, sino que lo implementen de forma efectiva, garantizando condiciones reales de protección para los líderes y lideresas ambientales. Su intervención reforzó el llamado a empoderar a las comunidades como actores fundamentales en la defensa de sus territorios.

La jornada concluyó con un llamado colectivo a seguir promoviendo espacios de formación como este, que permiten que las personas que ejercen liderazgo en sus comunidades se apropien de herramientas jurídicas y políticas para ejercer su labor con mayor respaldo y conocimiento.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en los territorios, reconociendo el rol fundamental de las comunidades organizadas en la construcción de paz y justicia ambiental.