Al conmemorarse el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El organismo de control adscrito al Ministerio Público llamó la atención sobre el impacto de este fenómeno en la población infantil, toda vez que según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo corrido del año han sido identificados 221 casos de explotación sexual comercial contra menores de edad, siendo Bogotá, Cali y Bucaramanga las ciudades más afectadas.

De acuerdo con el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil (SIRITI) del Gobierno Nacional, entre 2012 y 2016 se han registrado 2.455 víctimas de explotación sexual, pornografía infantil y abuso sexual.

No obstante, la Defensoría del Pueblo recuerda que la explotación sexual está definida como toda práctica por la cual se abusa sexualmente de una persona, vulnerando sus derechos a la dignidad, la igualdad, la autonomía y el bienestar físico y mental para obtener gratificación sexual, ganancias financieras o logros personales.

Por lo tanto, considera la Entidad que todas aquellas actividades sexuales remuneradas, que incluyen el turismo sexual, la pornografía y la trata de personas, constituyen en el caso de los niños y niñas la peor afrenta contra sus derechos y en ese sentido resulta necesario proscribir la prostitución infantil como denominación, pues no se trata de un trabajo forzado sino de un delito.

Así lo consagra además la Ley 1329 de 2009, la cual señala que quien participe de cualquier forma de explotación sexual contra otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años y en multas que oscilan entre los 67 y los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para la Defensoría resulta fundamental robustecer las estrategias de articulación interinstitucional a fin de combatir y evitar la mercantilización de los niños, así como las vulneraciones contra sus derechos fundamentales en razón a los precarios niveles de autonomía asociados con su ciclo vital.