Quibdó, 25 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, se registran múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita que han afectado a la población civil. Estos hechos, relacionados con el accionar de los grupos armados ilegales Clan del Golfo -autodenominados EGC- y ELN, aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de la población étnica agrupada en el Consejo Comunitario ACADESAN y del pueblo indígena Emberá.

Entre los hechos conocidos se encuentran:

Desde el 10 de agosto de 2026, se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, municipio de Sipí (Chocó), quienes permanecieron allí durante tres días e impidieron a los pobladores realizar sus actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, así como sus prácticas ancestrales.

Durante un recorrido realizado por la Defensoría del Pueblo el 19 de agosto de 2026, tuvimos conocimiento del riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta situación afecta a seis comunidades étnicas de los municipios de Nóvita y Sipí, con un total aproximado de 405 familias, correspondientes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.

El 23 de agosto de 2026 se registró un ataque mediante un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados, que fueron accionados y afectaron a tres personas civiles: dos hombres y una mujer, quienes resultaron heridas.

Como consecuencia de este hecho, se produjo el desplazamiento de 90 familias, correspondientes a 118 personas, hacia las poblaciones vecinas de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo. Estas comunidades, a su vez, se encuentran en situación de confinamiento debido a las restricciones a la movilidad y a la presencia de grupos armados organizados.

Los hechos configuran una grave afectación que impacta a 384 familias y
1.339 personas, quienes temen, además, por la posible contaminación de su territorio con artefactos explosivos debido a los recientes eventos en los que se han utilizado drones.

Los riesgos para la población civil fueron advertidos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022 para el municipio de Sipí y materializan las amenazas derivadas de la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales, en medio de comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario ACADESAN. Estas comunidades, además, fueron afectadas por las consecuencias del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, y la entrega de ayudas se ha visto restringida por el accionar de los grupos armados ilegales en disputa.

Hacemos un llamado:

• •    A los grupos armados ilegales, para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y protección de la población civil, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la movilidad y los bienes de las comunidades.

  •    A las autoridades municipales, departamentales y nacionales, para que garanticen condiciones seguras para el desplazamiento de las personas que están saliendo de las zonas afectadas, activen de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y mantengan un monitoreo permanente frente al riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos, en el marco de los espacios de Justicia Transicional.

  •    A las entidades responsables de la atención a víctimas, para que, una vez la población llegue al casco urbano, adelanten oportunamente su caracterización y garanticen una respuesta integral, coordinada y sostenida, conforme a las necesidades identificadas.
   
  •    Activar de manera urgente la respuesta humanitaria para las comunidades confinadas y desplazadas, y adelantar acciones para la protección diferencial de niños, niñas, personas adultas mayores y población étnica.

  •    Promover acciones institucionales que permitan prevenir nuevos desplazamientos y afectaciones a la población civil.

  •    Implementar medidas inmediatas de protección para la población civil afectada y gestionar una misión interinstitucional de verificación y evaluación de necesidades.

Continuaremos haciendo seguimiento a la evolución de la situación y acompañando a las comunidades afectadas, en cumplimiento de nuestro mandato de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.