• Aunque hay experiencias a destacar en la socialización de la Ley y en acciones de memoria, reconocimiento y participación, un trabajo de seguimiento hecho por la Defensoría del Pueblo, da cuenta de que no existen avances importantes en materia del derecho a la salud, educación y vivienda. 
• La mayoría de los entes competentes reportan acciones generales, no una oferta institucional ajustada a las necesidades de las mujeres buscadoras en sus diversidades
• En consecuencia, es importante una efectiva adaptación de la oferta institucional, protección integral y bienestar, además de garantía de su participación.

 

Bogotá, 22 de octubre de 2025 (@DefensoriaCol). En los actos conmemorativos del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre los pocos avances que ha habido en materia de derechos sociales desde la promulgación de la Ley en junio del año anterior, que las reconoce como sujetos de especial protección y constructoras de paz.

“La búsqueda es un derecho a saber dónde están nuestros seres queridos, a saber qué les pasó, quién se los llevo, por qué lo hicieron, por qué los niegan, por qué les niegan el derecho a un juicio justo, a despedirlos, a abrazarlos, a llorarlos”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, desde la sede centro de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, donde develó la placa conmemorativa en honor a Yannette Bautista Montañez, quien falleció semanas atrás y fue pionera, junto con otras buscadoras, en la lucha por la aprobación de la Ley 2364.

 

La entidad hizo un seguimiento a 33 entidades del orden nacional y 73 territoriales entre gobernaciones y alcaldías de capitales, que en su mayoría reportan acciones generales para mujeres y víctimas del conflicto armado y no diferenciadas para las mujeres buscadoras en sus diversidades, incluyendo quienes tienen pertenencia étnica.

Los mayores progresos se presentan en los ejes de socialización y capacitación en la Ley por parte de varias entidades del Gobierno Nacional y del Instituto Nacional de Medicina Legal, y acciones de memoria y reconocimiento a las buscadoras por parte de entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Sistema de Medios Públicos RTVC.

Hay  algunos avances en la garantía del derecho a la participación de las buscadoras, por ejemplo, en la construcción del decreto reglamentario de la Ley 2364 liderada por el Ministerio de Justicia, las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, la construcción de la Política Pública Integral en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda y la recomendación, hecha por el Ministerio de Igualdad y Equidad, para la incorporación del criterio de selección de mujeres buscadoras en la Mesa Técnica de la Instancia Especial de Mujeres.

Además, aunque el Registro de Mujeres Buscadoras creado por la Ley aún no está operativo, algunas entidades han empezado a ajustar sus sistemas de información para identificarlas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Agencia Nacional de Tierras incluyeron la categoría en sus registros.

En la información solicitada sobre acciones, programas y recursos asociados a la puesta en marcha de esta Ley, se detecta que faltan mecanismos operativos, en particular para los derechos sociales y el Registro de Mujeres Buscadoras.

En materia de salud, no se reportan medidas específicas para fortalecer los programas de atención. En lo relacionado con el acceso a la vivienda, el Ministerio se encuentra en una etapa de diseño de instrumentos normativos y operativos. En materia de educación, no se reportan acciones para promover que las Instituciones de Educación adopten criterios de priorización y focalización de las solicitudes de ingreso de las mujeres buscadoras.

Acciones de la Defensoría del Pueblo

La entidad ha iniciado y continuará fortaleciendo la capacitación a su personal en la Ley y en las rutas de atención a las mujeres buscadoras. Así mismo, ha acompañado sus solicitudes de medidas de protección y a sus colectivos en varias regiones del país en la exigencia de sus derechos, incluso ante instancias judiciales y en el proceso de reglamentación de la Ley 2364.

“Con la Ley 2364 de 2024, Yannette y las mujeres buscadoras nos dejan uno de los legados más importantes para quienes buscan, legado que abre la puerta a una sociedad que debe reconocer el dolor, el peso y daño que deja la desaparición forzada, generación tras generación, en los cuerpos de quienes buscan la verdad”, recalcó la Defensora del Pueblo.

 

Recomendaciones hechas por la Defensoría

Para que la Ley 2364 de 2024 tenga un mejor efecto en la realidad para estas mujeres es preciso que las entidades competentes sigan las siguientes recomendaciones:

1. Adaptación de la oferta institucional con protocolos diferenciados de atención y registros institucionales que reconozcan formalmente a las buscadoras.

2. Protección integral y bienestar: Fortalecer rutas de atención en salud, incluyendo acciones psicosociales, concretar las medidas fortalecer el acceso a educación y a la vivienda y crear rutas territoriales para la respuesta integral a las mujeres buscadoras.

3. Participación y consulta continua: Garantizar su participación activa en el diseño y evaluación de políticas públicas.

“Gracias, buscadoras, por siempre pensar en todas, al punto de luchar porque cada una desde el territorio más alejado pueda decir ‘tengo una ley que reconoce mi dolor, mi resistencia y ni necesidad de buscar con dignidad en un país en donde el derecho a no ser desaparecido sigue siendo un lujo’. Gracias por hacer de la escucha una revolución, transformada en relato, convertido en realidad y hoy más que nunca legado vivo de quienes seguirán buscando”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.