• La decisión responde a una acción popular de la Defensoría del Pueblo y ordena al Distrito acabar con el colapso del alcantarillado en el barrio San Luis.
   

Un fallo del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, emitido el 25 de mayo de 2026, amparó a cerca de 3.000 habitantes del barrio San Luis, en el corregimiento de Riogrande (Turbo, Antioquia). La decisión acogió las pretensiones de una acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo.

Este juzgado ordenó a la administración de Turbo implementar las medidas necesarias para poner fin a la crisis sanitaria ocasionada por el constante colapso de la red de alcantarillado y el desbordamiento de aguas residuales que afectan a la comunidad.

El fallo amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente.

Asimismo, el Juzgado estableció que el Distrito de Turbo, como entidad responsable de atender la problemática, debe cumplir las órdenes de la decisión.

Rol de la Defensoría del Pueblo

La entidad impulsó esta acción judicial luego de adelantar una gestión defensorial que permitió evidenciar las graves afectaciones que sufría la comunidad. 

Como parte de ese trabajo, realizó visitas al territorio y documentó la situación mediante registros fotográficos y audiovisuales. También presentó requerimientos a las autoridades competentes y, ante la falta de soluciones efectivas, acudió a la acción popular para proteger los derechos colectivos de los habitantes del barrio San Luis, compuesto por cerca de 350 viviendas, según cifras de la Defensoría.

Otras órdenes del Juzgado

En el marco de las órdenes impartidas, el Juzgado dispuso que el Distrito de Turbo debe realizar, en un plazo de cinco meses, una visita técnica con un equipo interdisciplinario para inspeccionar toda la red de alcantarillado del barrio, elaborar el diagnóstico del sistema, definir los estudios y diseños requeridos e identificar las obras necesarias para ampliar la infraestructura, de acuerdo con el crecimiento actual y futuro de la población.

La sentencia también ordenó que, dentro de ese mismo plazo, defina si la operación del sistema de alcantarillado será asumida por una empresa de servicios públicos habilitada y adelante una campaña dirigida a la comunidad sobre el uso adecuado, conservación y cuidado de la red de alcantarillado.

Además, el fallo estableció un plazo adicional de diez meses para ejecutar todas las acciones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras que permitan solucionar de manera definitiva el colapso del sistema y evitar el desbordamiento de aguas residuales.

Comité de verificación

Como garantía para el cumplimiento de la sentencia, el Juzgado ordenó la creación de un comité de verificación, integrado por representantes del Distrito de Turbo, la Defensoría del Pueblo y la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis. 

Este comité deberá hacer seguimiento permanente a las órdenes impartidas y presentar informes mensuales al despacho judicial sobre los avances alcanzados.

Protección de los derechos colectivos

La Defensoría del Pueblo destacó que este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos colectivos y reafirma la importancia de las acciones populares como mecanismo para exigir soluciones estructurales cuando la falta de respuesta institucional pone en riesgo la salud pública, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades.

La entidad continuará acompañando a la comunidad y participará en el comité de verificación para hacer seguimiento al cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas por el Juzgado, con el propósito de garantizar que lo ordenado se materialice y los habitantes del barrio San Luis puedan acceder a un sistema de alcantarillado digno, eficiente y seguro.