Inírida, Guainía, 4 de junio de 2025 (@DefensoriaCol). Tras una jornada descentralizada por el río Inírida, la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Guaviare, evidenció graves vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chorrobocón, Zamuro, Cejalito, Piedra Alta, Venado y Remanso. Entre el 27 y el 30 de mayo, funcionarias y funcionarios de la entidad recorrieron la zona y recibieron múltiples quejas por el abandono estatal en materia de salud, educación, servicios públicos y seguridad alimentaria.

Durante los recorridos, se identificaron las siguientes problemáticas:

Derecho a la salud:

Las comunidades no cuentan con acceso a medicamentos esenciales y, a pesar de su ubicación geográfica, no existen ambulancias fluviales para el traslado de emergencia de pacientes. El caso más alarmante es el del centro de salud de Chorrobocón, una obra inconclusa y en estado de abandono desde hace más de una década, que representa un riesgo inminente para la vida y la atención oportuna de la población.

Derecho a una educación digna:

Se constató que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no cumple con las minutas nutricionales requeridas, afectando la correcta alimentación de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Además, las instituciones educativas carecen de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. La residencia escolar, que alberga a estudiantes de zonas lejanas, presenta condiciones precarias, sin acceso a estos servicios esenciales, lo que dificulta su permanencia en el sistema educativo.

Servicios públicos inexistentes y condiciones de vida precarias:

A pesar de estar ubicadas en una zona con explotación minera de hecho, la gran mayoría de las comunidades no tienen acceso a sistemas de acueducto y agua potable. Los sistemas de energía solar instalados son insuficientes y no garantizan el fluido eléctrico necesario para cubrir las necesidades básicas de las familias durante el día y la noche.

 

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formula las siguientes recomendaciones preliminares:

• Instar a las autoridades locales, departamentales y nacionales a garantizar el derecho fundamental a la salud mediante el equipamiento de centros médicos, disponibilidad de personal, medicamentos y medios de transporte adecuados. Revisar y ajustar la implementación del PAE en la región, asegurando el cumplimiento de los estándares nutricionales.
• Invertir en la infraestructura básica de las instituciones educativas, garantizando el acceso a servicios esenciales como agua y energía.
• Implementar planes integrales de acceso a agua potable y energía solar que respondan a las condiciones particulares de estas comunidades rurales y fluviales.
• Solicitar la intervención inmediata de los entes de control para investigar el abandono de obras públicas como el centro de salud de Chorrobocón.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con las comunidades indígenas del Guainía y continuará realizando seguimiento a las acciones necesarias para la garantía de sus derechos fundamentales.