•    Entre enero y agosto del 2026, este delito acumula ya 2.145 casos de atención, cifra que está cerca de superar el total registrado en todo 2025.
•    La Defensoría del Pueblo recibió 244 declaraciones por este hecho en el primer semestre del año, todas ellas relacionadas con el conflicto armado.
•    El universo de personas desaparecidas en el país asciende a 137.000, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
•    Es preciso garantizar que cada búsqueda encuentre respuesta, en cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

Bogotá, 30 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Defensoría del Pueblo advierte que este delito continúa golpeando al país y reitera que es permanente e imprescriptible mientras no se establezca el paradero de la persona.

Entre el 1 de enero y el 1 de julio de este año, la entidad recibió 244 declaraciones por hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado. A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha identificado escenarios de riesgo asociados a la disputa por economías ilícitas, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas y las rutas migratorias, con especial preocupación en las zonas del Darién, Norte de Santander y San Andrés.

La Defensoría también documentó afectaciones que golpean a lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), así como a firmantes del Acuerdo Final en proceso de reincorporación. 

Cifras nacionales de atención

De acuerdo con el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia, 58 firmantes han sido reportados como desaparecidos desde la firma del Acuerdo, cifra que coincide con las advertencias formuladas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada sobre la persistencia de este fenómeno en el país.

Durante 2025, la Defensoría orientó y asesoró a 2.183 personas con género identificado, de las cuales el 65,9 % eran mujeres; entre enero y agosto del 2026, esa proporción se incrementó al 68,9 % (de acuerdo con cifras del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, SIIJT).

El SIIJT registró, además, que la desaparición forzada concentró el mayor volumen de atención durante 2025, con 3.205 casos. En los primeros ocho meses del 2026, esa atención ya acumula 2.145 casos, un ritmo que, de mantenerse, superaría el total registrado el año anterior.

El universo de la desaparición en Colombia

Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el universo de personas desaparecidas en el país asciende a 137.000. El mismo reporte da cuenta de 51.716 personas buscadoras registradas —más del 63 % mujeres— y de 54.076 personas que han acudido a la Unidad como familiares o allegadas en busca de un ser querido.

Buena parte de las personas buscadoras superan los 60 años y afrontan una difícil situación humanitaria, lo que resalta la importancia del relevo generacional para dar continuidad a la búsqueda. Las familias de pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom, por su parte, viven este proceso de manera diferenciada y cuentan con un marco de protección reforzada.

Un llamado urgente tras el sismo en Chocó

Junto con la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones de la Mesa de Trabajo contra la Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a proteger los cementerios afectados por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó).

Entre ellos, los de Roldanillo y Siloé (Valle del Cauca), Sonsón y Caramanta (Antioquia) y San Camilo (Risaralda), pues el movimiento telúrico dañó la infraestructura donde reposan cuerpos de personas desaparecidas.

El derecho a buscar

La Defensoría insiste en que la búsqueda de una persona desaparecida constituye un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, así como una obligación del Estado que no depende de la existencia de un proceso penal ni de una denuncia previa. 

Recuerda, asimismo, que cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante cualquier autoridad judicial sin necesidad de abogado, y que no es preciso esperar 72 horas para activar los protocolos de búsqueda.

La entidad reitera su compromiso con las víctimas de desaparición forzada y con las personas buscadoras, y hace un llamado a la institucionalidad estatal y a la sociedad para garantizar que cada búsqueda encuentre respuesta, en cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.