La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión de velar por los derechos humanos de todas y todos los colombianos, continuó verificando las afectaciones derivadas de la suspensión de servicios esenciales en albergues de Bogotá, Villavicencio y Vaupés que atienden a afiliados y afiliadas de Nueva EPS provenientes de Vaupés, Guainía, Amazonas, Vichada, Meta y otros territorios apartados del país.

La entidad identificó que cerca de 100 personas resultaron afectadas por esta situación. Se trata, en su mayoría, de integrantes de comunidades indígenas que se desplazaron a estas ciudades para acceder a servicios de salud y que actualmente enfrentan barreras que comprometen el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Durante las verificaciones realizadas, la Defensoría evidenció la suspensión de los servicios de alimentación y transporte para las personas alojadas en estos albergues, entre ellas adultos mayores, mujeres y niños. Esta situación impacta directamente su acceso a citas médicas, tratamientos y condiciones dignas de permanencia mientras reciben atención en salud.

 

Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo gestionó acciones de atención humanitaria para mitigar los efectos de la suspensión de los servicios mientras se logra su estabilización.

De acuerdo con la información recopilada, la situación estaría relacionada con obligaciones financieras pendientes entre Nueva EPS y los operadores de los albergues. La Defensoría reiteró que las dificultades administrativas o contractuales no pueden afectar la atención ni el bienestar de los pacientes.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo solicitó a Nueva EPS restablecer de manera inmediata los servicios suspendidos, normalizar los pagos a los operadores, garantizar la atención integral de las y los usuarios afectados y adoptar las medidas necesarias para evitar nuevas afectaciones a esta población en condición de vulnerabilidad.

La entidad continuará realizando seguimiento a esta situación y ejerciendo las acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas.