Bogotá, 13 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). En las últimas horas, en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca se han presentado distintos eventos relacionados con la temporada de lluvias como crecientes súbitas y avenidas torrenciales en ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos. Estos hechos han provocado afectaciones en vías nacionales, departamentales y municipales por derrumbes, daños en la banca y averías en varios puentes, lo que dificulta gravemente la posibilidad de llegar con atención y ayuda a las personas que las requieren.

Asimismo, han quedado poblaciones atrapadas, sin comunicación terrestre, ni energía, agua potable, internet y gas, con graves riesgos de inseguridad alimentaria, limitaciones para el acceso a servicios de salud, educación y el desarrollo de actividades productivas, lo que además dificulta la respuesta integral a la emergencia presentada.

En Arauca se reportan afectaciones en varios puentes, así como derrumbes y caídas de banca en varios puntos como la vía La Soberanía, donde se cayó el puente metálico del Caño Negro (entre Saravena y Cubará); en la vía nacional Ruta Los Libertadores, afectaciones al puente del río Tame (entre Tame y San Salvador), así como afectaciones a la Vía Marginal de la Selva, en el puente Río Tigre, Fortul.

Por su parte, en Boyacá se ha presentado el colapso o riesgo de colapso de puentes en al menos 15 municipios. Los más afectados son Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy, San Luis de Gaceno y Santa María. Asimismo, se encuentran incomunicados los corredores viales Güicán–Panqueba, Pisba–Labranzagrande y El Cocuy–Güicán. En los demás municipios se reportan pérdidas de banca y deslizamientos que afectan las vías terciarias y departamentales, lo que limita la movilidad en varias provincias del departamento.

En cuanto a la afectación a la población y a las viviendas, se reportan cientos de familias evacuadas o que han perdido sus hogares. Entre los municipios más afectados se encuentran Panqueba, con 239 familias afectadas y tres viviendas destruidas; Güicán, con cinco viviendas afectadas y 51 estudiantes albergados; Guacamayas, con 15 familias evacuadas; Chita, con 101 familias censadas; y San Luis de Gaceno, donde también se reportan afectaciones.

Para el caso del departamento de Casanare, existen afectaciones en vías como la falta de acceso del puente del río San Salvador (entre San Salvador y Hato Corozal). Además, se han reportado cuatro derrumbes entre el punto La Cabuya y La Salina, y ocho más sobre las vías entre Sácama y La Salina, además de múltiples pérdidas de banca, taponamiento de alcantarillas y afectaciones en vías secundarias y terciarias, sobre las cuales aún se adelanta el balance en el territorio.

Además, se reportó la inundación del 90 % del casco urbano del municipio de San Luis de Palenque debido al desbordamiento del río Pauto. Todos estos hechos y otros que aún se están reportando desde distintos puntos del departamento obligaron a la declaratoria de calamidad, debido a que hasta el momento se cuenta con un total de 6.755 familias afectadas en 19 municipios por las crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones presentadas por los diferentes afluentes del departamento.

Desde nuestras Defensorías Regionales hemos acompañado las diferentes instancias de coordinación y atención de la emergencia para apoyar las medidas requeridas y contribuir a una respuesta oportuna.

Aunque se han desarrollado acciones en materia de evacuación aérea en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal, así como labores de respuesta a la emergencia coordinadas por el sector salud y las autoridades de gestión del riesgo de desastres en todos los niveles territoriales, reiteramos la importancia de adoptar medidas que garanticen el acceso a la asistencia humanitaria de las poblaciones afectadas, especialmente aquellas que se encuentran atrapadas o en riesgo de desplazamiento forzado.

Con el fin de brindar una solución de fondo y eficaz, instamos al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), así como a las gobernaciones y alcaldías, para que adopten de manera urgente las medidas necesarias que permitan restablecer la comunicación terrestre de estas poblaciones, facilitar el acceso de la atención y la ayuda humanitaria y mitigar las afectaciones que enfrentan las comunidades, protegiendo sus derechos fundamentales y colectivos, entre ellos la vida, la salud y la seguridad, así como la prevención de desastres técnicamente previsibles.