La Defensoría del Pueblo en Guaviare, a través de su oficina regional, se reunió con presidentes y directivos de las Juntas de Acción Comunal, el corregidor y ediles de Charras Boquerón, en el centro poblado de Boquerón, municipio de San José del Guaviare. El objetivo fue brindar orientación sobre las rutas de atención para casos de vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con un enfoque especial en el confinamiento establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Durante la jornada, los líderes comunitarios expusieron diversas problemáticas que afectan a sus comunidades. Entre las principales preocupaciones se destacaron:

• Inconformidad de los habitantes de la vereda Florida Dos, ante el proyecto del municipio para la disposición de residuos sólidos en dicha zona.
• Quejas sobre el mal estado de las vías, que afectan la movilidad y el acceso de las comunidades.
• Claro, con mucho gusto. Aquí está la versión corregida del párrafo. Me centré en mejorar la sintaxis para que las ideas sean más claras y fluidas, además de corregir la puntuación.
• Varios presidentes comunales expresaron inquietudes frente a la entrega de ayudas humanitarias. Manifestaron dudas sobre si estas ayudas fueron gestionadas por el Departamento de Prosperidad Social y si su entrega respondió a la emergencia invernal o al confinamiento. También se expuso la falta de cobertura en algunas veredas y la ausencia de articulación con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para su distribución.

Ante las problemáticas mencionadas, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades municipales, departamentales y nacionales para que:

1. Garanticen procesos de socialización con las comunidades antes de implementar programas o proyectos.
2. Fortalezcan la articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), reconociendo su papel crucial en la gestión territorial.
3. Promuevan el fortalecimiento de las organizaciones comunales como canales legítimos de interlocución con las autoridades.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de las comunidades, especialmente aquellas que enfrentan afectaciones por el conflicto armado y situaciones de vulnerabilidad social y humanitaria.