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Cali, Valledupar y Bogotá, son los centros transitorios más inhumanos del país

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Comunicado 231 de 2021 l  Cartagena. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó este martes el balance sobre las visitas realizadas a centros transitorios a nivel nacional, en el que se evidencian deficiencias para la atención de las personas privadas de la libertad en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, que siguen consolidando el estado de cosas inconstitucional declarando por la Corte Constitucional.

“En el territorio pudimos constatar que, tras la pandemia, los establecimientos penitenciarios y carcelarios están restringiendo el ingreso de personas condenadas y esto agrava la situación de los centros de detención transitoria que son espacios diseñados para permanecer máximo 36 horas y donde permanecen incluso hasta dos años”,  dijo el Defensor del Pueblo.

“Realizamos más de 50 visitas en terreno y corroboramos que la Estación de Policía de Maicao está a la cabeza de los centros de detención transitoria más inhumanos, ya que se vulneran de manera grave la dignidad humana y los derechos de los privados de la libertad. Allí, aunque la capacidad es para 30 personas, al momento de la visita se evidenció que estaban recluidas 262 personas (un hacinamiento del 773%), quienes deben  pernoctar en los baños, los cuales producen olores nauseabundos, o en hamacas unos encima de otros”, aseguró Carlos Camargo.

En el listado de los 10 centros de detención transitoria más hacinados del país está la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali con un porcentaje del 3.220%, pues aunque tiene capacidad para 15 personas, se encuentran 498 privados de la libertad. Le siguen la estación de Candelaria en Valledupar en donde existe un hacinamiento del 1.396%; Puente Aranda en Bogotá (889%), Maicao (773%), Itagüí (653%), Ibagué en el centro de detención transitoria Permanente Central (620%), Santander de Quilichao en Cauca (570%), la Estación de Policía Caribe Norte en Cartagena (530%), la Sijín de Valledupar (374%) y Santa Marta (372%).

“El hacinamiento sigue siendo el problema más grave, pues se traduce en ausencia de espacios para dormir, consumir alimentos y desarrollar cualquier tipo de actividad, sin contar que propicia la propagación de epidemias”, dijo el Defensor del Pueblo.

En los centros de detención transitoria se evidenció que la alimentación no se ajusta al común de la sociedad, pues no se cumplen los estándares de calidad y cantidad por parte de las empresas contratadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec). Además, falta mantenimiento en las áreas utilizadas para la producción de los alimentos y espacios adecuados para el consumo.

En Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó, Amazonas y Meta existe una constante interrupción en el suministro de agua y falta de mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

A nivel nacional, se evidenció vulneraciones en el derecho a la salud, pues no se entregan los medicamentos y existe retraso en la asignación y cumplimiento de citas. De la misma forma, existen barreras para acceder a la oferta judicial. Además, las personas condenadas que permanecen en centros transitorios no pueden ejercer actividades de resocialización.

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