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Comunicado de prensa ante violación de niña indígena en Risaralda

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La violencia sexual es una conducta atroz que aflige la conciencia de la humanidad. El daño que ocasiona se refleja en el cuerpo y la salud mental de la víctima y pone en alto riesgo su proyecto de vida.

Cuando la violencia sexual se comete contra una niña, la conducta es más grave por cuanto el victimario se vale de su vulnerabilidad para la comisión de este acto violento y criminal, y especialmente para asegurar su impunidad.

Ahora, cuando la violencia sexual es además cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación a los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad.

La violación de la niña en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), que habría sido cometida por siete militares, debe ser urgentemente esclarecida por la justicia ordinaria para que, posteriormente, se pueda sancionar ejemplarmente a los responsables directos y así reparar a las víctimas.

Asimismo, es necesario que el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho.

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