Bogotá, 24 de julio de 2020. El mecanismo más utilizado por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales en Colombia sigue siendo la acción de tutela, de las que en 2019 se interpusieron 620.257 por presuntas violaciones a un derecho fundamental.
Los principales derechos fundamentales que se invocaron el año pasado fueron: de petición (244.553); a la salud (207.368); al debido proceso (76.447); al mínimo vital (39.284); a la ayuda humanitaria (23.154); a la seguridad social (21.887) y a la vida (15.325).
Precisamente, la Entidad entregó este viernes el estudio La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social, en el que se informó que, para el 2019, ciudadanos que no son atendidos de manera adecuada instauraron 207.368 acciones de tutela.
Las cifras halladas en el estudio demuestran que continúa la violación sistemática y reiterativa, como las barreras de acceso a los servicios y las autorizaciones demoradas o negadas, incluso de los servicios y tecnologías que se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, PBS.
Las tutelas por servicios de salud incluidos en el PBS, presentaron un incremento del 5,2% con relación al año anterior, llegando al 85,32% del total.
Para la Entidad, el resultado no tiene justificación porque estos servicios deberían estar cubiertos a través del aseguramiento en salud y financiados por la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que se paga por el Estado a las EPS a través de la ADRES, de manera oportuna y por anticipado. La mayor parte de estas tutelas están asociadas a enfermedades crónicas y patologías de alto costo.
En todas las regiones del país ocurren vulneraciones del derecho a la salud. En 1.032 municipios, que representa el 92% de los 1.122 municipios del país, se interpuso al menos una tutela que invocaba el derecho a la salud.
Los municipios con más tutelas por cada 10.000 habitantes están en Santander, Antioquia y en el Eje Cafetero. Los municipios donde más se presentaron tutelas son: Prado, Tolima (494 tutelas); Capitanejo, Santander (330); San José de Miranda, Santander (277); Málaga, Santander (221); Concordia, Antioquia (220); Ocaña, Norte de Santander (208); y La Dorada, Caldas (204).
En todos ellos la problemática es común: la interrupción de los tratamientos, la no entrega o entrega parcial de medicamentos y la demora en las citas médicas especializadas, entre otras. Y se presentan tanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como a los regímenes exceptuados del Magisterio, las Fuerzas Militares y de Policía y al sistema de salud de las personas privadas de la libertad.
Conozca y descargue aquí el estudio La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social 2019
