28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por hechos violentos

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Bogotá, 5 de enero de 2021. Un total de 90 eventos masivos en los que 28.509 personas, de 8.192 familias, fueron víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento a causa de hechos violentos vinculados al conflicto armado, ocurrieron en 2020 según datos de la Defensoría de Pueblo.

La Defensoría entregó un informe en el que se detalla que la principal causa de desplazamientos en el país fueron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios, y cometen otros delitos como amenazas, hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, territorios contaminados por minas antipersona y munición sin explotar, secuestro y desapariciones.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En cuanto a los confinamientos, se estableció que aumentaron los casos en al menos un 252 por ciento con respecto al 2019, y que estos hechos se presentaron sobre todo en el Catatumbo, con alrededor de 33.627 personas (9.997 familias) confinadas, a razón del paro armado impuesto por el ELN y EPL en el primer trimestre del 2020. En la subregión del Baudó y Pacífico Chocoano, fueron 23.128 personas (5.210 familias) confinadas por los enfrentamientos entre el ELN, las AGC y GAOR de las Farc-EP.

Nariño es un departamento afectado tanto por el confinamiento como por el desplazamiento. En este territorio se reportaron 43 eventos en los que se desplazaron 14.048 personas (4.711 familias), en Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur. Asimismo, allí ocurrieron cinco eventos en los que 9.979 personas (2.457 familias) tuvieron que confinarse para salvaguardar su integridad de los combates entre Los Contadores, ELN, AGC y GAOR de las Farc-EP.

Para el Defensor, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria se sumó el impacto del covid-19, “hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, aseguró Camargo.

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