Defensor del Pueblo pide no obstaculizar el regreso de niños y niñas al colegio


El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se pronunció hoy en favor del retorno a clases de los niños y niñas del país. “El proceso de alternancia que se llevó a cabo en Colombia entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, junto a múltiples investigaciones y evidencia científica de carácter internacional y nacional, demuestran que los niños y niñas no son foco de propagación importante del covid-19”, dijo Camargo Assis y destacó también que bajo el cumplimiento de protocolos es viable el regreso al colegio.

Agregó que “no podemos hipotecar el futuro de una generación entera, al afectar aprendizajes y desarrollo socioemocional e incrementar las brechas de inequidad por no recibir una educación en las condiciones de calidad que ofrece la interacción presencial con sus docentes y entre los niños y niñas, en estos niveles educativos”. En este inicio del año escolar ellos están padeciendo las consecuencias del incremento de los casos de contagio y evolución de la enfermedad que en buena medida se originaron, por la indisciplina de los adultos en materia de autocuidado durante las fiestas decembrinas.

El Defensor del Pueblo, en su rol de velar por la promoción y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de la comunidad educativa y en especial de los niños y niñas, ofreció el acompañamiento de la Defensoría a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social en el proceso de retorno y reapertura gradual, progresivo y seguro de las escuelas e instituciones educativas, que ya se inició en varios municipios y ciudades del país bajo protocolos de bioseguridad para los niños y niñas, maestros, directivos y personal administrativo de los establecimientos educativos.

Camargo Assis resaltó que la virtualización de la educación ha traído consecuencias particulares para niños y niñas y destacó que en el país esta situación es diferencial y con mayores afectaciones para comunidades rurales, de pertenencia étnica y migrantes que no cuentan con insumos suficientes para asistir a clases de manera no presencial. De acuerdo al DANE (Encuesta de Pulso Social), al menos el 4,5% de los hogares en Colombia no continuaron con las actividades educativas desde que se dio el cierre de los colegios. El Ministerio de Educación evidenció, con base en información del sistema de matrícula SIMAT, que para agosto de 2020, 102.880 niños y niñas fueron retirados de establecimientos educativos.

Esto concuerda con estudios del laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, según los cuales en el 96% de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas para poder continuar con una educación en modalidad virtual.

Adicionalmente, la no asistencia a clases trae riesgos particulares para la infancia, incluyendo el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados ilegales, el aumento de los índices de violencia sexual e intrafamiliar o el aumento del riesgo de trabajo infantil, pues el aislamiento prolongado cada día deja más expuestos a los niños y niñas sin el cuidado de personas idóneas, dado que la reactivación económica implica que los padres, madres y cuidadores deban retornar a sus actividades laborales. Durante los primeros 100 días del aislamiento preventivo obligatorio, que comenzó el 25 de marzo de 2020, el número de llamadas a la línea 155 que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció en 5.318 llamadas, lo que representa un incremento del 148%.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que en aquellos territorios en los cuales las condiciones de evolución de la pandemia lo permiten, se dé inicio a la reapertura progresiva y segura de las escuelas y colegios y a que en las ciudades y municipios que hoy atraviesan por altas tasas de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, se continúe con el monitoreo permanente por parte de las autoridades de salud y una vez superada la situación de alerta, se priorice la reapertura de colegios y jardines infantiles con el fin de garantizar el derecho a la educación, dentro de las condiciones de bioseguridad y distanciamiento físico que señala el protocolo del sector educación.

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