Defensoría reclama eficacia ante el desplazamiento de 11.150 personas


En lo que va corrido del año se han presentado en el país cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en el territorio nacional, lo que ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales. Todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición.

“Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias -11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano-. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Estos hechos de violencia protagonizados por diferentes grupos armados ilegales son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad y donde la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros.

Son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional. Hechos enmarcados de manera particular en las disputas de, entre otros actores, facciones disidentes de las ex FARC-EP (frentes 36 y 18), el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado contra las AGC en el noroccidente del país (occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba), enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras.

Los escenarios de estas situaciones se multiplican en el territorio del país, participando diferentes grupos del crimen organizado bajo múltiples denominaciones que cambian según los  territorios, que entre el 1 de enero y la fecha han generado desplazamientos forzados, homicidios, masacres, confinamientos, asesinatos de líderes sociales, amenazas contra líderes indígenas, asesinatos de excombatientes, entre otros delitos, particularmente en el suroccidente del país, Catatumbo y la frontera colombo venezolana.

“La Defensoría del Pueblo ha desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales, para un promedio de cinco a siete servidores por cada caso y que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Camargo resalta que así ha ocurrido en el 2021 en El Salado, el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó, por ejemplo. De esa labor se trabaja por la ayuda humanitaria a las víctimas y, además, se conforman las alertas tempranas que tienen incidencia de carácter nacional.

El Defensor del Pueblo reitera a las autoridades la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas. Así mismo brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento. Y solicita atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.

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