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Disponibilidad de alimentos, un factor clave para la garantía del Derecho a la Alimentación

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Desde 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proclamó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que tiene el fin de promover la lucha contra el hambre, la pobreza y la desnutrición, y nos obliga a poner nuestra mirada en la situación que se vive en cientos de lugares del mundo.

Los contenidos mínimos del Derecho a la Alimentación son:

  • La disponibilidad, entendida como la posibilidad de los individuos de alimentarse directamente, o mediante la explotación de la tierra u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y comercialización eficientes, que en todo caso garanticen la posibilidad de traslado de los mismos, desde el sitio de producción hasta el lugar donde se demanden.
  • La accesibilidad, dirigida a la garantía del acceso a los alimentos adecuados, en términos económicos y físicos.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derecho a la Alimentación impone a los Estados la obligación de mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, así como a asegurar una distribución equitativa de los mismos, atendiendo las necesidades de los pueblos.

Esta fecha nos lleva a voltear la mirada en los sujetos que contribuyen en mayor medida a la garantía de este derecho en el país: el campesinado colombiano, dentro del que también se encuentran las comunidades étnicas. Para recordar las necesidad que hoy atraviesan a causa de múltiples factores sociales, económicos y ambientales.

A la fecha, el Banco Agrario de Colombia registra 271.703 créditos agropecuarios de pequeños y medianos productores que se encuentran en dificultades para estar al día con sus compromisos financieros, lo cual asciende a 5.9 billones aproximadamente. De ahí que sean potenciales beneficiarios de la Ley 2071 de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales”.

No obstante la salida jurídica que establece la Ley 2071 de 2020, es importante hacer un llamado a las autoridades competentes, por cuanto aún quedan pendientes mecanismos de atención y apoyo al campesinado frente a las situaciones de fuerza mayor reflejadas en las condiciones climáticas que mantienen en crisis al sector productivo en pequeña y mediana escala, y quienes en todo caso no podrán consolidar beneficios en el marco de la Ley, pues no han podido recuperar su capacidad de pago y el impulso para reactivar su producción, lo cual impacta en la disponibilidad de alimentos en todo el país.

En concordancia, la Defensoría del Pueblo invita al Gobierno Nacional para la trabajar continuamente en la adopción e implementación de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas que permitan la garantía de los derechos de la población campesina, que contribuirá a su vez, a las metas de erradicación del hambre dentro del territorio nacional.

 

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