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Defensoría pide intervención del Gobierno para garantizar los derechos de la comunidad en la frontera con Venezuela

Guardia venezolana
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La Defensoría del Pueblo a través de su Regional en Norte de Santander, tuvo conocimiento acerca de una delicada denuncia instaurada por habitantes de los municipios de Ragonvalia y Herrán, en la frontera colombo-venezolana, respecto al derribamiento de tres puentes comunitarios que servían, no sólo como paso, sino que fundamentalmente se constituían en el canal de acceso para servicios como la educación, la salud  y el ejercicio de actividades comerciales en ambos territorios.

De acuerdo con las quejas recogidas por las Personerías Municipales y enviadas a la Defensoría seccional, como resultado de confusos incidentes entre ciudadanos y miembros del Ejército venezolano, el sábado 5 de Julio y el domingo 6, fueron derribados los puentes hamaca localizados en la vereda La Colina, a una hora del casco urbano de Herrán, así como en el sector El Oasis, a orillas del río Táchira, donde militares del vecino país también habrían sobrepasado la frontera para hostigar a los pobladores, según la versión suministrada por uno de los afectados al Comando de Policía en Ragonvalia, en la que se manifiesta que las puertas de varias viviendas fueron golpeadas por los uniformados.

La información recopilada por funcionarios de la Defensoría Regional da cuenta de la afectación directa e indirecta para 17.985 personas que residen en los dos municipios colombianos anteriormente mencionados, y en la localidad Rafael Urdaneta del estado Táchira, en territorio venezolano.

Según las versiones, cerca de medio centenar de estudiantes venezolanos se encuentran matriculados en instituciones colombianas, quedando impedidos para recibir sus clases habituales como consecuencia del colapso de estas estructuras. Incluso, 9 menores inscritos en los programas educativos, serían beneficiarios de la estrategia “De cero a siempre”, promovida por el Gobierno Nacional, en tanto que 6 profesores colombianos estarían cursando su doctorado en la población de Rubio, al otro lado de la frontera.

Dado que en lugares como la vereda Siberia del municipio de Herrán conviven familias víctimas del conflicto armado, particularmente del desplazamiento forzado (algunas de ellas hasta con tres episodios de repetición), y ante la precariedad de las vías en esa región del país, los pobladores se ven obligados a buscar alternativas de subsistencia aprovechando los pasos comunitarios para acceder a la salud y al abastecimiento de alimentos, entre otras actividades con histórico arraigo en esa zona limítrofe, donde colombianos y venezolanos se benefician de la oferta de servicios.

Por esa razón, y a pesar de la informalidad para el tránsito de personas, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, revisar las denuncias y adoptar las medidas que desde el punto de vista diplomático resulten pertinentes para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar una crisis humanitaria en la frontera.

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