Bogotá, 6 de agosto de 2019. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios, y precisaron que se requieren más de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo Final. Solo en 2018 ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas correspondientes a 10.225 hogares.
Para las comisiones, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En lo que va de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las alertas 025 de 2019 y 029 de 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).
Las comisiones de seguimiento recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender esta población de especial protección.
Actualmente, el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6´495.713, y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a tan solo el 12.6%. En el nuevo PND se establece una meta de 1´427.777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al 20% de víctimas que tienen este derecho.
Para las comisiones de seguimiento, entre 2019 y 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones para ejecutar la política pública para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones.
La reparación colectiva no avanza de manera contundente. De los 669 sujetos reconocidos, solo 140 cuentan con un plan aprobado y únicamente seis han terminado la ejecución de las medidas de reparación. El panorama frente a los sujetos colectivos étnicos es aún más preocupante pues el 70% se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación. Adicionalmente el nuevo modelo Operativo de Reparación Colectiva no fue consultado con los pueblos étnicos.
Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, además de inconsistencias en los reportes de información.
Recursos para comunidades étnicas disminuyeron
El informe también advirtió que entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido, en el caso de los pueblos indígenas correspondió a un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos.
Balance de la restitución de tierras y derechos territoriales
De la totalidad de solicitudes de restitución (121.462), 64% han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley.
En relación con la sostenibilidad de la restitución, las comisiones observan con preocupación la persistencia de los fenómenos del despojo y el abandono forzado en la zona rural. Específicamente en la región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica, las dinámicas violentas se derivan del fenómeno de la deforestación y posterior desarrollo de actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera.
Comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas y precisan que y Decretos Leyes Étnicos alertan sobre aumento de nuevos hechos de violencia.
