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Entidades del Gobierno toman medidas frente a recomendaciones de Comisión de Seguimiento y Monitoreo a Ley de Víctimas

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que conforman la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reunieron durante la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020 con 28 entidades del Gobierno nacional, para que expusieran su posición frente a las 117  recomendaciones que se les hicieron en el Séptimo Informe de esta Comisión radicado el pasado mes de agosto ante el Congreso de la República.

Las entidades convocadas fueron los Ministerios de Salud, Interior, Hacienda, Vivienda, Trabajo, Justicia, Agricultura, Educación, Comercio, Defensa y Cancillería, así como el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICETEX y el SENA.

También fueron citadas la Agencia de Renovación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Banco Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiduagraria y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

De las recomendaciones presentadas, 84 fueron acogidas de manera total, 16 parcialmente y 17 no fueron aceptadas, conceptos que fueron remitidos con la correspondiente justificación por parte de las entidades del Gobierno.

La Comisión continuará el análisis de la información entregada por las entidades participantes tanto en la sesión realizada, como en las respuestas escritas allegadas con el fin de verificar la respuesta institucional e insistir en los aspectos que se requieran.

Igualmente, valora la disposición y compromiso de dichas entidades para atender las recomendaciones de los órganos de control y de la Mesa Nacional de Víctimas.  Y destaca que, frente al escenario de financiación de la ley, el Gobierno nacional haya informado que se encuentra trabajando en la actualización de los documentos CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012, con el fin de ajustar las metas para avanzar en la garantía de la reparación de los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, sigue preocupando que los recursos destinados han resultado insuficientes para satisfacer los derechos de las víctimas. Se espera que el ejercicio realizado por el Gobierno conlleve a una mayor asignación de recursos para atender a esta población.

Si bien el Gobierno reconoció algunas de las dificultades evidenciadas en el informe de la Comisión, los órganos de control advierten que se requieren mayores esfuerzos en temas como generación de ingresos, Centros Regionales de Atención a Víctimas, retornos y reubicaciones. 

La Comisión reitera su solicitud de fortalecer la articulación institucional y mejorar la implementación de los programas para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas en un tiempo razonable.

 

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De las sesiones realizadas con el Gobierno, se destaca que el Ministerio de Vivienda haya informado que ya se formuló la política pública de vivienda rural, y que como criterio de priorización contempla la condición de víctima del conflicto armado. Se anunció que a 2022 se espera beneficiar a 10.299 hogares rurales.

También se reconoce que la Unidad para las Víctimas haya realizado los cálculos y análisis para establecer el universo de víctimas sujetas de la indemnización, lo que facilitará el costeo y seguimiento a la implementación de esta medida.

La Comisión insta a las entidades de Gobierno para que en la puesta en marcha de las recomendaciones acogidas, adopte e implemente acciones que resulten efectivas para garantizar los derechos de las víctimas, pues del análisis y seguimiento realizados por los órganos de control se concluye que la respuesta institucional no permite superar las dificultades identificadas en la implementación de la política pública.

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