Defensoría participó activamente en desmovilización del ERG

La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Chocó, conjuntamente con representantes de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó y de la IV Brigada del Ejército Nacional, lograron el pasado 21 de agosto la total desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), en el Alto Guaduas, vereda del Carmen de Atrato (Chocó). Su cabecilla, fundador y comandante, Olimpo de Jesús Sánchez Caro (alias Cristobal) se reinsertó a la vida civil una vez concluyeron los diálogos con el Alto Comisionado Para La Paz, Luis Carlos Restrepo, dentro del marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz.Esta labor se logró tras arduas, intensas, discretas y silenciosas jornadas de trabajo de acercamiento y sensibilización por parte de Víctor Raúl Mosquera García, Defensor del Pueblo Regional Chocó; Albeiro Parra Solís, sacerdote de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, y el Comandante del Batallón Cacique Nutibara, con sede en Andes (Antioquia), perteneciente a la IV Brigada del Ejército Nacional, quienes dialogaron con los representantes del ERG, Lizardo Sánchez Caro (alias Romaña) y Efraín Sánchez Caro (alias Juan Pablo), para llegar finalmente a la desmovilización total de la organización armada ilegal.

El ERG, creado en 1993, era una facción armada disidente de Ejército de Liberación Nacional (ELN). Alcanzaron a tener más de 250 combatientes y su accionar se desarrolló en varios municipios de Chocó, Antioquia y Risaralda. Realizó tomas guerrilleras en los municipios chocoanos de Bagadó (dos veces en enero de 1997), donde murieron seis policías, y en El Carmen de Atrato (en el 2000). En octubre del año 2000, conjuntamente con las FARC y el ELN se tomaron Santa Cecilia-Pueblo Rico (Risaralda), donde murieron seis policías y un civil. También realizaron constantes hostigamientos en Lloró y Tadó, además de múltiples secuestros, quema de vehículos y hurto de mercancías en las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín.

Al momento de la concentración el ERG estaba conformado por 52 personas, 45 combatientes (28 hombres y 17 mujeres) y siete milicianos. Entre sus miembros había nueve menores y 14 adultos privados de la libertad en diferentes cárceles del país. Entregaron material bélico, de campaña, de comunicaciones y de intendencia.

El proceso fue liderado asumido y dirigido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz quien posteriormente vinculó a la Oficina del Alto Comisionado para Reintegración y Reinserción, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al DAS y a la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Defensoría Pública del Chocó (3 Defensores) y de Antioquia (1 Defensor) llevaron la representación judicial de 36 de los desmovilizados.

Esta labor humanitaria, que siempre estuvo supervisada por el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, y que fue reconocida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los medios de comunicación, se enmarcó en tres aspectos básicos: lo civil, lo político y lo social.

Lo civil, en la búsqueda de la preservación de los derechos fundamentales de las poblaciones de tres departamentos que resultaban afectados por el accionar del ERG. Lo político, para aportar al valor constitucional de la paz y la no violencia. Finalmente, lo social, con un trabajo de orientación, asesoría, representación y asistencia al grupo de víctimas del accionar del ERG en los departamentos de Chocó, Antioquia y Risaralda. Además, se ha acompañado permanentemente a esta población afectada para recuperar el tejido social y lograr la resolución de los conflictos en forma pacífica.