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Defensoría recomienda medidas para prevenir instrumentalización de niños y niñas en Quindío

Defensoría del Pueblo: Organizaciones dedicadas al microtráfico inducen los estudiantes al consumo de sustancias psicoactivas para generar dependencia
Organizaciones dedicadas al microtráfico inducen los estudiantes al consumo de sustancias psicoactivas para generar dependencia

Fortalecer los mecanismos de protección para prevenir la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de las organizaciones delincuenciales en el Quindío, solicitó la Defensoría del Pueblo al expresar su preocupación por el fenómeno de los llamados “Carritos”, advertido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución.

Se trata del uso de menores de edad como mensajeros para el transporte de dinero, estupefacientes y panfletos amenazantes, entre otros, en municipios como Quimbaya, Circasia y Calarcá, donde la Entidad ha identificado condiciones de vulnerabilidad para los derechos humanos.

Los informes de inminencia emitidos por el SAT de la Defensoría, incluida una nota de seguimiento que permanece vigente desde 2013, advierten la influencia de estructuras que operan desde el norte del Valle, en localidades como Alcalá, Cartago, Buga y Tuluá, y que despliegan sus tentáculos hasta el Eje Cafetero.

El diagnóstico hecho por el Sistema de Alertas Tempranas indica que organizaciones dedicadas al microtráfico inducen los estudiantes al consumo de sustancias psicoactivas para generar dependencia y así mismo una lealtad obligada con los delincuentes que los manipulan.

Aunque al comparar la cifra de homicidios registrada durante el período enero-octubre entre 2013 y 2014 muestra una reducción, al pasar de 205 a 177 asesinatos, llaman la atención las tasas por cada 100 mil habitantes en poblaciones como Montenegro, Circasia y Calarcá, donde los indicadores se sitúan en el 101, el 73 y el 62 por ciento, respectivamente.

Según las estadísticas, el 7 por ciento de las muertes violentas en el Quindío afectan a la población femenina, el 8 por ciento a los niños, niñas y adolescentes y un 34 por ciento a personas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 27 años.

Sin embargo, la problemática actual en el Quindío no se circunscribe únicamente al riesgo por la vulneración de derechos ligada a la violencia, sino que también está travesada por temas cruciales como el incumplimiento en las obras del túnel de La Línea, tema frente al cual Invías negó la prórroga solicitada por el contratista.

Cabe recordar que además de la necesidad de culminar el proyecto para beneficio de la comunidad, el retraso y los tropiezos en el desarrollo de los trabajos de ingeniería han significado un grave impacto ambiental por cuenta de la contaminación en las fuentes hídricas, particularmente en Calarcá, donde el río Navarco y la quebrada La Gata han sufrido las consecuencias de desconocer la reglamentación ambiental y los límites que estableció la licencia otorgada por la ANLA.

Aunque la gestión de la Defensoría del Pueblo en favor de las comunidades afectadas por los factores asociados a la construcción del túnel ha permitido, entre otras, la construcción de una escuela para los niños del área circundante, la reparación del acueducto, la puesta en funcionamiento de una compactadora de lodos y el alistamiento de disipadores para tratar y canalizar los desechos, las labores de control ambiental por parte de la Institución continuarán.

De hecho, para el próximo 16 de diciembre está convocada la novena mesa de seguimiento presidida por la Entidad, y de la cual participarán la Procuraduría General de la Nación, el nuevo director de Invías, el consorcio, la interventoría del contrato, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la autoridad ambiental, entre otros. Está previsto que ese día se entregue a la comunidad un sistema de tratamiento de aguas industriales para avanzar en las medidas de protección al ecosistema.

A la vulnerabilidad frente al uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, y al impacto de la crisis en el túnel de La Línea, hay que agregar la delicada problemática que supone la sobrepoblación en las Unidades de Reacción Inmediata en Armenia y Calarcá, donde mientras la capacidad instalada permite albergar alrededor de 70 detenidos, hay 170 ingresados en este momento, para un hacinamiento del 143 por ciento.

De cara a esta situación, la Defensoría ha insistido en la necesidad de encontrar salidas urgentes a la operación reglamento en el Inpec y al paro de la rama judicial, variables que han contribuido a congestionar os centros de detención transitoria en detrimento de los derechos humanos.

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