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Juzgado acoge solicitud de la Defensoría para proteger indígenas desplazados en Buenaventura

: En condiciones indignas, habitan cerca de 400 indígenas en el coliseo El Cristal de Buenaventura.
En condiciones indignas, habitan cerca de 400 indígenas en el coliseo El Cristal de Buenaventura.

El Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Cali acogió las medidas provisionales solicitadas por la Defensoría del Pueblo y le ordenó a la Alcaldía de Buenaventura suspender toda actividad deportiva o recreativa en el coliseo El Cristal de dicha ciudad, para proteger a la población indígena que allí se encuentra albergada, tras sufrir desplazamiento forzado desde varias zonas rurales del Valle y el sur del Chocó.

Además de las medidas para proteger a los cerca de 400 desplazados que ya se encuentran en Buenaventura, el Juzgado también le ordenó a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), brindar ayuda humanitaria de emergencia a otras 570 personas del resguardo Puerto Pizarro que están confinadas en su territorio, particularmente en los componentes de salud y alimentación.

El acompañamiento humanitario de la Defensoría inició desde el 27 de septiembre pasado cuando llegaron las primeras familias desplazadas por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en el municipio chocoano del Bajo San Juan. Hasta el momento se contabilizan 119 familias del pueblo wounaan provenientes de los resguardos Unión Balsalito, Aguaclara y Chachajo.

A pesar de que estas familias buscaban ayuda humanitaria en el coliseo El Cristal, allí se realizaban y/o se tenían programados eventos masivos que afectaban sus condiciones, de hecho ya bastante problemáticas porque, por ejemplo, no tienen agua potable y deben dormir en colchonetas.

La Defensoría del Pueblo, luego de haber promovido estas decisiones, seguirá vigilando y acompañando a las comunidades para que se cumplan las medidas de protección de las víctimas del desplazamiento forzado, la mitad de ellas niños, niñas y adolescentes.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, considera como una vergüenza para el Estado, particularmente para las autoridades nacionales, regionales y locales, la situación indigna en que se mantiene a la población desplazada, particularmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad como las comunidades indígenas.

Al mismo tiempo, el Defensor les exigió a las autoridades gubernamentales medidas prontas para adelantar el proceso de retorno de los desplazados que permanecen en el Coliseo El Cristal de Buenaventura hacia sus territorios, respetando los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad.

“Resulta inadmisible que tanto los ciudadanos como las autoridades se hayan acostumbrado a vivir impávidos ante situaciones violatorias de los derechos humanos tan graves como el desplazamiento forzado, y particularmente cuando se trata de minorías étnicas, que son sujetos de especial protección del Estado”, puntualizó Otálora Gómez.

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