Sistema de Alertas Tempranas (SAT)
La Defensoría del Pueblo pone al servicio de las comunidades y de las instituciones del país un Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas.
La degradación del conflicto armado interno, la arbitrariedad de los actores armados, y la utilización recurrente de medios y métodos prohibidos por la normativa humanitaria han causado graves y crueles violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Las masacres, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques indiscriminados, la siembra de minas antipersona, las acciones de terror y los desplazamientos forzados son expresiones de la irracionalidad del conflicto que demandan la intervención urgente del Estado.
- Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento emitidas - 2013
¿Qué es Sistema de Alertas Tempranas - SAT?
Es el instrumento con el cual la Defensoría del Pueblo acopia, verifica y analiza, de manera técnica información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado, y advierte a las autoridades concernidas con deber de protección para que se coordine y brinde una atención oportuna e integral a las comunidades afectadas
Advertir sobre situaciones de riesgo y promover la prevención humanitaria integral del Estado frente a los efectos del conflicto armado, con el fin de proteger y garantizar oportunamente los derechos fundamentales de la población civil.
- Promover políticas y estrategias de prevención de violaciones masivas de los derechos humanos, con el propósito de proteger a la población civil y mitigar los daños que sufren las comunidades como consecuencia del conflicto armado.
- Promover la intervención humanitaria del Estado, la solidaridad social y la generación de espacios y actitudes que favorezcan una solución política del conflicto armado interno.
- Monitorear las dinámicas del conflicto armado en lo regional y lo local, el tipo de violencia y control que ejercen los actores armados sobre la población civil y los intereses que dinamizan sus acciones.
- Advertir a las autoridades competentes sobre la posible ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con el fin de disuadir, controlar, mitigar o superar el riesgo.
- Desarrollar los lineamientos de una política institucional que le permita a la Defensoría intervenir eficazmente en la prevención de las violaciones masivas de los derechos humanos, derivadas del conflicto armado.
- Impulsar y concertar la coordinación intrainstitucional para mejorar la efectividad de las acciones de prevención de la Defensoría del Pueblo.
- Apoyar la formulación de una política pública y de un Sistema Nacional de Prevención que orienten y coordinen al conjunto del Estado en su deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales de la población civil frente a las consecuencias del conflicto armado.
- Impulsar procesos de articulación interinstitucional con entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y práctica de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario.
- Elaborar y difundir informes e investigaciones que apoyen la acción del Estado y que aporten a la formulación participativa de una política pública en materia de prevención humanitaria integral.
El SAT se integra al Macroproceso de Atención de la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, la cual tiene bajo su responsabilidad la dirección del Sistema.
- Coordinación Operativa Nacional: Supervisa, coordina y articula las actividades que desarrollan los diferentes grupos del SAT, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos.
- Asesoría de Proyectos y Programas: Orienta y supervisa la ejecución de los diferentes programas para la inserción de políticas, proyección social y fortalecimiento institucional, de conformidad con la misión, los principios y los objetivos del SAT.
- Estadísticas, indicadores y georreferenciación: Implementa el sistema de información y seguimiento; el diseño, análisis y aplicación de indicadores de riesgos y vulnerabilidades; el desarrollo de instrumentos de monitoreo, de evaluación y de georreferenciación.
- Grupo de Análisis Estructural y Acción Tempranas: Analiza el conflicto, identifica y valora amenazas y vulnerabilidades. Recibe, analiza, interpreta y sistematiza de la información relativa al riesgo de violaciones masivas de los derechos humanos.
- Grupo de Proyección Social e Interinstitucional: Promueve políticas y gestión pública, procesos sociales, solidaridades y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y procesos de comunicación para crear sinergias interinstitucionales y comunitarias que logren incidir en las causas estructurales del conflicto.
- Grupo de Analistas Regionales: Apoya y ejecuta, en forma conjunta con los defensores regionales y seccionales, las actividades del SAT en una jurisdicción determinada. Sobre este grupo recae en primera instancia el monitoreo, la elaboración de los informes de riesgo y el seguimiento de las situaciones advertidas; de igual manera, la promoción de acciones locales y regionales en materia de proyección social e interinstitucional.
¿Qué hacemos?
El SAT identifica y evalúa situaciones de riesgo para la población civil derivadas del conflicto armado e informa anticipadamente a las autoridades competentes sobre la factible ocurrencia de violaciones masivas a los derechos fundamentales. Para ello, el SAT analiza las manifestaciones y dinámicas del conflicto armado, sus particularidades regionales y locales, el tipo de violencia y de control que ejercen los actores armados sobre la población civil, los intereses que subyacen o dinamizan la acción de los actores irregulares, los factores de vulnerabilidad y de protección que median en la seguridad de las comunidades.
Es un proceso que parte del monitoreo, de la verificación y del análisis de la información recaudada; de la valoración de las amenazas y dinámicas que caracterizan la confrontación armada en una región; de las características, fortalezas y vulnerabilidades de la población y de los factores institucionales vigentes para su protección. En el informe se señalan recomendaciones a las autoridades y a las entidades competentes para que adopten acciones de prevención y mitigación de riesgo. zbr />
Le corresponde al CIAT decidir sobre la emisión de las alertas tempranas y coordinar las acciones que las autoridades nacionales, regionales o locales deben adoptar para evitar, controlar o mitigar el riesgo advertido y para brindar la protección necesaria a las comunidades en situaciones de riesgo. Existen 2 clases de Informes de riesgo:
- Informe de riesgo focalizado: Un Informe de riesgo focalizado es cuando el ámbito de la situación de riesgo advertida, poblacional y territorialmente, no trasciende la jurisdicción de un municipio.
- IInforme de riesgo alcance intermedio: Un Informe de riesgo de alcance intermedio es el ámbito de riesgo advertido que involucra población y territorio de dos o más municipios.
Se constituyen en un complemento de la advertencia para informar al CIAT sobre la evolución o persistencia de una situación de riesgo por efecto de la confrontación armada.
El Sistema diseñó un modelo metodológico para la valoración de riesgos que permite la elaboración de estudios analíticos regionales de riesgo y vulnerabilidad en los cuales se identifican y analizan las tendencias y la geografía del conflicto armado; los factores de vulnerabilidad social, económica y política.
Estos documentos con una cobertura de dos o más subregiones describen variables físicas y poblacionales y presentan recomendaciones orientadas a la concertación de acciones y planes de prevención.
La proyección social es un proceso que el SAT determina como prioritario, que cuenta con elementos como:
- Procesos Sociales y Construcción de Solidaridades: promueve vínculos con las comunidades, organizaciones sociales, gremiales, eclesiásticas y organizaciones no gubernamentales para construir escenarios de análisis que permitan identificar las vulnerabilidades de las comunidades y los mecanismos de intervención civil para la prevención de violaciones masivas de los derechos humanos y de respeto por el derecho internacional humanitario.
- Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional: plantea acciones dirigidas a fortalecer sinergias con diferentes entidades del Estado, en procura de políticas públicas territoriales de prevención de violaciones masivas de derechos humanos y de lograr respuestas adecuadas y oportunas del Estado.
- Procesos Comunicacionales: Formula y ejecuta estrategias para informar y orientar a las comunidades acerca de los lineamientos de política preventiva y de las acciones que desarrolla el SAT y apoya procesos participativos para la creación de confianzas de las comunidades y de instituciones en la gestión preventiva.
Estrategias de Proyección
- Facilitar una mayor articulación funcional del SAT con la Defensoría, especialmente en materia de análisis de riesgo, elaboración de informes estructurales y, seguimiento de las respuestas de las instituciones nacionales y regionales.
- Impulsar una mayor coordinación de las acciones de prevención de violaciones masivas de los DD.HH e infracciones al DIH entre entidades gubernamentales y No gubernamentales, organizaciones de la Sociedad Civil y organismos internacionales.
- Propiciar entre los gobiernos departamentales y locales la adopción y el desarrollo de planes y programas de prevención de violaciones masivas de los DD.HH e infracciones al DIH, articulados al SAT y a la Defensoría del Pueblo.
Instancias para el análisis de riesgo
Son espacios permanentes de encuentro y participación de actores sociales e institucionales locales, regionales y nacionales con capacidad de incidencia en la transformación y superación de los factores que estructuran el conflicto armado interno.
A través de la estrategia que vincula el ámbito social, el interinstitucional y el de comunicaciones, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estimula sinergias regionales y nacionales que promueven la conformación de instancias para analizar, anticipar y contribuir en la generación de respuestas concertadas y participativas de prevención.
Estas instancias tienen la virtud de:
1. Ser participativas.
2. Recoger experiencias sociales e institucionales.
3. Contar con información cuantitativa y cualitativa oportuna y confiable.
4. Contribuir a la gobernabilidad en la medida en que convocan a autoridades nacionales, regionales y locales y establecen vías de comunicación de éstas con la sociedad civil en torno a la generación de políticas públicas.
Naturaleza y principios
El SAT tiene unos principios básicos que fundamentan y direccionan nuestras labores para alcanzar los objetivos propuestos. Dentro de estos principios encontramos humanitarios, de protección, de imparcialidad, de celeridad y de respeto por las competencias. En tal sentido, la acción preventiva del SAT está enmarcada en:
- El respeto por la dignidad humana.
- El deber de protección de la población civil, sin generar riesgos adicionales ni agravar los preexistentes.
- La promoción de la intervención humanitaria, sin propiciar o constituir ventaja alguna para los actores que participan en la confrontación armada.
- La oportuna advertencia de las situaciones de riesgo de la población civil, con el fin de activar por parte de las entidades competentes una respuesta integral, coordinada y eficaz, para prevenir la ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos.
- El respeto por las atribuciones constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, en correspondencia con los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y respeto por las competencias de las diferentes instituciones del Estado.
Información para el análisis del riesgo
Para identificar y valorar las situaciones del riesgo es útil toda información sobre manifestaciones de conflicto armado: amenazas o hechos que configuran peligros para la Población Civil, factores de vulnerabilidad de las comunidades y mecanismos sociales e institucionales que contribuyen a la protección de la Población.
Entre estas informaciones figuran:
- La presencia de actores armados ilegales con armas no convencionales que presagien la inminencia de ataques armados contra caseríos y poblados.
- Las amenazas e intimidaciones tangibles e intangibles: rumores, mensajes verbales, comunicados, panfletos con listados, pintas en las paredes; proferidas por actores armados ilegales contra lideres tradicionales, representantes comunitarios, defensores de derechos humanos, y población civil en general.
- Los comentarios y señalamientos sobre la existencia de campos minados y municiones sin explotar.
- El ingreso de actores armados ilegales con la finalidad de disputarle el territorio a otros actores armados irregulares.
- Los mecanismos de coerción sicológica y física implementados por los actores armados ilegales con la finalidad de ejercer control territorial y poblacional.
- Las presiones de los grupos armados irregulares con el propósito de injerir en las administraciones locales, fraccionar o cooptar las organizaciones barriales y controlar los circuitos económicos legales e ilegales.
- Las variables económicas, sociales, políticas y culturales que se traducen en conflictos sociales y potencializan el conflicto armado.
- La cohesión y fraccionamiento de las organizaciones sociales y los mecanismos de protección y prevención existentes, que mitigan o aceleran los factores de riesgo.
- Los elementos de protección existentes implementados por las autoridades civiles y la fuerza pública orientados a la mitigación o eliminación del riesgo.
Plan Estrategico del Sistema de Alertas Tempranas 2009 - 2012
En el marco del proceso de institucionalización del Sistema de Alertas Tempranas, y en concordancia con la Resolución 753 de la Defensoría del Pueblo, el SAT presenta su Planeación Estratégica 2009 - 2012, la cual se desarrollo con el auspicio de la USAID y de MSD Colombia.
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Documento publicado en Décimo Quinto Informe del Defensor del Pueblo de Colombia al Congreso de la República (Enero - Diciembre de 2007)
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En esta sección encontrará el procesamiento estadístico y la ubicación espacial en el territorio nacional de los principales productos del SAT para la advertencia de posibles violaciones masivas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
La unidad de Estadística y Georreferenciación es la que implementa el Sistema de información y seguimiento; el diseño, la aplicación y análisis de indicadores de riesgos y vulnerabilidades: el desarrollo de instrumentos de monitoreo, de evaluación y georreferenciación del riesgo en lo local, regional y nacional.
Informe de Gestión del Sistema de Alertas Tempranas 2011
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Informe de Gestión del Sistema de Alertas Tempranas 2010
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Informe de Gestión del Sistema de Alertas Tempranas 2009
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Informe de Gestión del Sistema de Alertas Tempranas 2008
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Estadísticas y georreferenciación - Año 2007
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Estadísticas y georreferenciación - Año 2006
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Estadísticas y georreferenciación - Año 2005
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El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en Guaviare
10 de febrero de 2014. Con un grupo de 56 personas, entre quienes se destacan delegados de derechos humanos y presidentes de Juntas de Acción Comunal, se llevó a cabo en Miraflores (Guaviare) el taller ‘Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia’.
El objetivo de la jornada fue fortalecer a líderes/lideresas campesinos en el reconocimiento de los mecanismos de protección frente a las violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH, que les permitiera apropiarse de herramientas para la identificación de vulnerabilidades y riesgos en el marco del conflicto armado.
El evento fue coordinado por la analista regional del SAT, y contó con la participación del personero municipal y el Defensor Regional del Guaviare. Allí se estableció el compromiso de apoyar el trabajo de denuncia del comité de DDHH y realizar gestiones de seguimiento a denuncias. También se espera continuar con más jornadas de trabajo para el año 2014.
Mayo de 2013
El pasado mes de enero, funcionarios de la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH, de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, de la Defensoría Regional Chocó y del Área de Protección de ACNUR Chocó visitaron el municipio de Litoral de San Juan en el departamento del Chocó, con el fin de verificar la situación de riesgo y la emergencia humanitaria que se presentaba en este municipio.
La visita surgió a raíz del desplazamiento masivo de los pobladores de los corregimientos Togoromá, Pichimá, Charambirá y Venado por causa de la incursión armada del grupo ilegal Los Urabeños.
La misión también buscó establecer el tipo de respuesta que el Estado ha brindado a esa situación e impulsar las acciones que sean del caso para garantizar los derechos de la población afectada.
Luego de realizar un recorrido vía terrestre desde la capital de Chocó hasta el municipio de Itsmina, la Comisión Humanitaria se desplazó en lancha por el río San Juan hasta Santa Genoveva de Docordó, cabecera urbana del municipio del Litoral de San Juan.
La comisión se reunió con el alcalde, el secretario de gobierno y la personera municipal quienes, para ese entonces, manifestaron su inconformidad con el Gobierno Nacional y Departamental por la falta de presencia en el municipio para brindar una atención efectiva a la crisis humanitaria generada por el desplazamiento masivo de pobladores de varias comunidades.
Así mismo, La Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Personería Municipal, visitaron los albergues temporales ofrecidos por el alcalde del Litoral de San Juan en Docordó donde se encontraban las personas en situación de desplazamiento quienes expresaron que no tenían la voluntad de retornar a sus territorios hasta tanto el Estado no les brindara las garantías efectivas de seguridad en la zona de expulsión debido al temor de retaliaciones por parte de los grupos armados ilegales.
De los cuatro corregimientos se desplazaron 903 personas pertenecientes a la población afro colombiana y al pueblo indígena Wounaan, de los cuales 403 eran menores de edad.
Finalmente, la comisión humanitaria definió cuales eran los requerimientos que debía hacer la Defensoría del Pueblo a las autoridades concernidas para que a la población víctima se le restablecieran sus derechos.
Notificaciones judiciales