Resoluciones - Defensorial

Resolución 36

La Defensoría del Pueblo por quejas y peticiones de miembros de las comunidades del municipio de Buenaventura, tuvo conocimiento de varios problemas conectados con el proceso de licenciamiento de algunos proyectos de infraestructura que allí adelantan diferentes empresas y entidades: (1) Puerto Industrial Aguadulce S.A., (2) Relleno Sanitario de Zacarías, (3) Rehablitación, Reconstrucción, y Operación de la Red Ferroviaria del Pacífico, (4) Dragado del Canal de Acceso al Puerto. 


En razón de lo anterior, se realizó la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas, con el fin de garantizar la conservación de sus derechos humanos.

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Resolución 37

Vistos: 


1. Las quejas presentadas por la comunidad sobre las fallas en la prestación del servicio de acueducto por la empresa Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. en el municipio de Sincelejo, tales como discontinuidad en la prestación del servicio, baja cobertura, carencia de los instrumentos de medición necesarios y cobro de cargo fijo completo por un suministro del servicio de acueducto que se presta por turnos cada tres, cuatro ó cinco días. 

2. En razón de lo anterior, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo examinó el caso y su alcance en relación con el derecho al agua potable, a la salud pública, a la prestación eficiente de los servicios públicos y al derecho al desarrollo humano. 

3. Se ejerció la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas con el propósito de garantizar la vigencia de los derechos humanos vinculados a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

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Resolución 38

 

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de diferentes peticiones, actuaciones y pronunciamientos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de autoridades administrativas y judiciales, respecto de la construcción, llenado y operación de la Hidroeléctrica de Urrá, de las históricas intervenciones en las ciénagas y demás cuerpos de agua asociados al río Sinú y del desarrollo de la industria camaronera en el delta del mismo río.

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Resolución 39

Vistos: 

1. La Defensoría del Pueblo por quejas y peticiones de miembros de las comunidades afrodescendientes e indígenas, desplazados de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, tuvo conocimiento de diversos problemas derivados de la siembra de palma africana en territorios colectivos. 

2. La expedición de la RESOLUCIÓN DEFENSORIAL No. 025 de octubre de 2002 sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano. 

3. Los informes presentados por los defensores comunitarios en el marco del proyecto de acompañamiento permanente a comunidades en riesgo de desplazamiento forzado quienes hacen presencia en la zona a partir de junio de 2002, con jurisdicción en el bajo Atrato –municipios de Riosucio y Carmen del Darién-. 

4. Las misiones humanitarias llevadas a cabo por la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, la Oficina Nacional de Coordinación al Desplazamiento Forzado, la Defensoría Regional Chocó y la Defensoría Seccional Urabá desde 1998. 

5. La participación de la Defensoría del Pueblo en las reuniones de seguimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por solicitud de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a favor del Consejo Mayor de la cuenca del río Jiguamiandó y 9 comunidades del río Curvaradó. 

6. En razón de lo anterior, se realizó la acción defensorial tendente a la protección de las comunidades afectadas, con el fin de garantizar el respeto y la conservación de sus derechos humanos.

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Resolución 40

Hechos: 

En el mes de enero del año en curso algunos familiares de internas informaron, por vía telefónica a la Defensoría del Pueblo, que un grupo de mujeres había sido trasladado a la penitenciaria de Valledupar donde se les estaba violando sus derechos humanos por las condiciones de reclusión. En consecuencia, esta entidad inició un constante y especial seguimiento a las condiciones de vida de las mujeres recluidas en el mencionado establecimiento penitenciario, a través de la Defensoría Seccional del Cesar y de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria. 

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