“El conflicto armado dejó huellas profundas en la salud mental de las mujeres y sus hijos”

El conflicto armado interno alteró profundamente las formas de vida en Miraflores, Guaviare. Las víctimas hablas sobre las principales afectaciones y los retos para la reparación integral.

“Las afectaciones del conflicto armado han sido muchas. Las más importantes, en la salud mental. No solo a las mujeres, también a sus hijos e hijas.” Así lo narra una lideresa del municipio de Miraflores, Guaviare, quien solicitó no divulgar su nombre por la crítica situación de orden público que enfrenta actualmente el departamento.

Su testimonio reitera lo que las comunidades han denunciado durante años y que aún persiste: “El Estado no está presente. Seguimos a merced de quienes ejercen control territorial, extorsionan, amenazan y reclutan menores. Vivimos confinados y confinadas”, advierte otra persona líder, integrante de la Mesa de Víctimas, que también prefirió proteger su identidad.

Miraflores fue escenario de una de las expresiones más graves del conflicto armado en Colombia. El 3 de agosto de 1998, el Bloque Oriental de las extintas FARC-EP, ejecutó una toma violenta que duró 26 horas. Murieron 35 personas uniformadas, y 129 fueron secuestradas, entre ellas 73 soldados y 56 policías. Tres personas civiles

también perdieron la vida. La infraestructura del municipio fue destruida y gran parte de la población tuvo que desplazarse forzadamente.

La Comisión de la Verdad documentó en su Informe Final (2022) los impactos diferenciales de este hecho en la Amazonía colombiana. Desde 1985 hasta bien entrado el siglo XXI, Miraflores hizo parte del corredor del río Vaupés, controlado por las extintas FARC-EP como vía de movilidad estratégica, tráfico ilegal y consolidación de economías ilícitas. Las comunidades indígenas de los pueblos Desano, Jiw, Karijona, Nukak, Curripako, Puinave, entre otros, quedaron en medio del conflicto.

El desarrollo del conflicto alteró profundamente las formas de vida en el territorio. Con el auge de los cultivos de uso ilícito y la posterior militarización, se intensificaron la subordinación y la violencia basada en género. “Se cosificaron nuestros cuerpos. Nos empujaron a circuitos de violencia sexual”, relató ante la Comisión una lideresa de la región.

La Comisión de la Verdad (2022) concluyó que todas las partes del conflicto —legales e ilegales— perpetraron violencias de género sistemáticas, incluyendo torturas, desapariciones, violencia sexual, amenazas y desplazamiento forzado como mecanismo de control, castigo y “limpieza” social, marcando los cuerpos y memorias de mujeres, pueblos étnicos y personas diversas.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), con corte al 31 de mayo de 2025, en el municipio de Miraflores, Guaviare, se han registrado un total de 15.830 personas víctimas del conflicto armado. De estas, 14.118 corresponden a casos de desplazamiento forzado y 1.043 a hechos de homicidio, cifras que reflejan la magnitud del impacto y la persistencia de la violencia en este territorio amazónico.

 

Reparación integral: una deuda pendiente

Después de la toma, el Estado aumentó su presencia militar. La Comisión de la Verdad señaló que la llamada política de “Seguridad Democrática” de los años 2000 trajo nuevos enfrentamientos, desplazamientos y afectaciones directas para los pueblos indígenas y las comunidades rurales. “La Justicia, la Verdad, la Reparación integral y las Garantías de no repetición se quedan pequeñas ante la ausencia real del Estado”, sostiene el liderazgo integrante de la Mesa de Víctimas.

A partir de 2020 se han registrado nuevos hechos violentos que mantienen el temor entre la población. Disidencias de las extintas FARC-EP, estructuras armadas ilegales, las AGC y grupos vinculados al paramilitarismo han retomado el control en distintos puntos del territorio. Reclutamiento forzado, amenazas, minería ilegal, tráfico de madera y rutas del narcotráfico continúan presentes.

 

La lucha por la memoria y la vida

En 2016, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a reparar a 28 de las 129 personas uniformadas secuestradas durante la toma de Miraflores. En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a 20 militares y a sus familias como víctimas dentro del caso 001, relacionado con el secuestro por parte de las extintas FARC-EP.

Sin embargo, en las comunidades se percibe que la reparación integral sigue siendo una promesa incumplida.

Hoy, la lucha en Miraflores no es solo por la paz, sino por el derecho a vivir con dignidad. En medio del abandono institucional y la presencia de actores armados, la vida persiste gracias a los procesos organizativos y a la fuerza colectiva de quienes resisten desde el territorio.

“Lo que más necesitamos es que nos escuchen desde donde toman decisiones. Que no nos vean como cifras ni como destinatarios de ayudas pasajeras. Queremos vivir en paz, pero con justicia”, concluye el liderazgo integrante de la Mesa de Participación de Víctimas.