Aproximadamente 108 personas, 76 menores de edad y 32 adultos (hombres y mujeres de extracción campesina), huyen de los efectos de la confrontación armada entre tropas del ejército e integrantes de las FARC en la vereda La Hacienda del municipio de Planadas en el sur del departamento del Tolima.

Actualmente unos se encuentran ubicados en las veredas Gaitania y San Miguel y otros en la cabecera de Planadas. Los combates que se han registrado, incluso a escasos 50 metros de la escuela donde se hallaban los niños y las niñas con sus maestras, están comprometiendo la integridad de la población civil.

Los pobladores, que han aumentado en número ante la cercanía de una cosecha de café, además de verse afectados por la presencia y el accionar de integrantes de algún grupo armado ilegal que opera en la zona, ven limitado, por disposición de la fuerza pública, el ingreso de alimentos en las proporciones necesarias para su subsistencia.

La Defensoría del Pueblo, a la vez que valora la intervención de Acción Social y del Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR - para brindar la atención humanitaria necesaria, espera que se habilite prontamente la posibilidad de un retorno en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.

En Putumayo

El segundo de los hechos se ha presentado en jurisdicción del municipio de San Miguel, en el departamento del Putumayo, donde alrededor de 120 familias conformadas por 830 personas entre adultos y menores, se han desplazado desde el pasado 20 de marzo.

Los afectados han salido de las veredas Chiguaco, Maizal, Alta Floresta, La Güicita, San Francisco, Nueva Risaralda, Dios Peña y Espinal, del municipio de San Miguel, argumentando los efectos que sobre los cultivos de pan coger han tenido las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito en esa región, así como la falta de concertación para implementar la erradicación manual, afectando de manera drástica la seguridad alimentaria. 

Los desplazados se encuentran en el casco urbano de La Dorada, cabecera municipal de San Miguel y han recibido apoyo humanitario solamente por parte de la Alcaldía municipal y la Pastoral Social de la Iglesia Católica.

El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, considera pertinente recordar que la Corte Constitucional ha señalado que en dichos eventos, deben preverse planes de contingencia que contribuyan a mitigar los efectos que se sucedan sobre la comunidad.

Los desplazados expresan que han presentado propuestas de proyectos agrarios como alternativas frente a los cultivos ilícitos, lo cual contribuiría a superar la difícil situación alimentaria que hoy los afecta, pero que aún no han recibido respuesta.

Líderes comunitarios han expresado la preocupación de que grupos armados al margen de la ley estigmaticen su movilización y atenten contra su integridad y seguridad, ante lo cual la Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades competentes a brindar una atención integral a esta problemática.