La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la crítica situación financiera que enfrentan varios prestadores de servicios de salud en Ocaña, Norte de Santander, debido al reiterado incumplimiento en los pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente la Nueva EPS, que se encuentra actualmente bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud.

El Hospital Emiro Cañizares Ocaña E.S.E., institución de referencia para la subregión del Catatumbo,  informó que, a corte de 30 de agosto de 2025, la cartera total supera los $180 mil millones de pesos, lo que compromete seriamente la capacidad operativa de los servicios. Solo la Nueva EPS adeuda más de $22.924 millones acumulados durante los primeros nueve meses del año. De un promedio mensual de facturación de $7.100 millones, en septiembre únicamente se pagaron $2.005 millones y en octubre no se ha efectuado ningún giro.

Desde Prosalud IPS S.A.S., prestadora de servicios de salud en Ocaña y Norte de Santander, se advirtió que la falta de pagos de la Nueva EPS ha generado una cartera de $1.390 millones, poniendo en riesgo la atención de más de 19 mil usuarios. El último giro, realizado el 5 de septiembre de 2025 por $65 millones, no cubre ni el 35% de la facturación mensual, pese al cumplimiento del contrato bajo la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP).

Sanamedic IPS informó que la cartera pendiente con la Nueva EPS asciende a $14.294 millones correspondientes al periodo previo a la intervención, mientras que después de esta se ha generado una facturación adicional de $11.731 millones, lo que refleja la magnitud de la deuda acumulada y la necesidad urgente de garantizar el flujo de recursos para sostener la prestación de los servicios de salud en la región.

 

Falta de continuidad en acuerdos alcanzados

La situación se agrava por los continuos cambios de interventores, que generan falta de continuidad en los acuerdos alcanzados y retrasos en la conciliación de cuentas. Los prestadores de servicios también reportan glosas que datan de 2022, lo que consideran injustificado, ya que las demoras en los pagos obedecen a ineficiencias previas del asegurador.

Por su parte, la Nueva EPS manifestó que ha realizado pagos equivalentes al 92% de lo facturado. Sin embargo, los prestadores advierten que los flujos de recursos son insuficientes y que la imposibilidad de recibir abonos a las deudas anteriores —debido a las restricciones impuestas por la intervención— pone en riesgo la atención de cerca de 92 mil usuarios de Ocaña y la provincia.

 

Medidas que garanticen sostenibilidad financiera de hospitales

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud, a las EPS, al Ministerio de Salud y Protección Social y a las autoridades territoriales para adoptar medidas inmediatas que garanticen la sostenibilidad financiera de los hospitales y la continuidad de los servicios.

Asimismo, hace un llamado a mantener mesas de conciliación efectivas y a respetar los acuerdos de pago con los prestadores, evitando decisiones administrativas que profundicen la crisis y afecten el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población.

La institución garante de los derechos humanos insiste en que el posible cierre de servicios en Ocaña no solo afectaría a los habitantes del municipio, sino también a las comunidades rurales y dispersas que dependen del Hospital Emiro Cañizares como su principal centro de atención. Es imperativo garantizar el flujo de recursos y proteger la red pública hospitalaria de la región para salvaguardar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población.